Posteado por: rosacobos | marzo 1, 2009

El acceso a internet no es un servicio público

internet

Se supone que estamos irremediablemente inmersos en una Sociedad en la que las tecnologías de la información y la comunicación tienen un papel especialmente importante para la creación, distribución y manipulación de la información y para que ésta esté presente en todas las actividades sociales, culturales y económicas.

En este sentido, internet ha cambiado totalmente la forma en que  cualquier persona puede obtener información de una manera ágil, rápida e inmediata. Igualmente, las posibilidades de acceso a la información por vía digital han ido también evolucionando durante las últimas décadas; de hecho, ahora podemos acceder a la red sin necesidad de estar en un sitio fijo gracias al WiFi, que utiliza ondas en lugar de cables.

Esta posibilidad de acceso a internet desde cualquier sitio sin necesidad de cables  ha llevado a varios Ayuntamientos a plantearse la posibilidad de ofrecer internet gratuito en su municipio pero con unos resultados que, algunas veces, han desembocado en la incoación de expedientes sancionadores.. De hecho, la CMT ha incoado expediente sancionador al Ayuntamiento de Málaga por “presunto incumplimiento de los requisitos exigibles para la explotación de redes y para la prestación de servicios de comunicaciones eléctricas”, al igual que en su momento lo hizo, en el año 2004, con los Ayuntamientos de Atarfe (Granada) y Ponteareas (Pontevedra). Sin embargo, al parecer, la CMT no actúa de oficio sino por denuncia de un tercero, normalmente por quejas de otras operadoras que consideran una competencia desleal por parte de la Administración, en este caso los Ayuntamientos, el hecho de prestar un servicio que no es de su competencia.

Sin embargo, hace poco el Ayuntamiento de Avilés ha conseguido lo que, hasta ahora, parecía imposible:  poder consultar desde cualquier punto de la ciudad el correo o poder navegar por la red. El secreto está en cumplir dos requisitos:

– Registrarse en la CMT como operador (el Ayuntamiento de Avilés así lo ha hecho)

– No financiar el servicio con dinero público (el propio Ayuntamiento se ha convertido en proveedor financiando el servicio con publicidad).

Sin embargo, sigue existiendo un doble rasero a la hora de hablar del derecho de los ciudadanos de relacionarse electrónicamente con la Administración, de la reducción de la brecha digital y de otras cuestiones que, en principio, van a permitir una modernización de la sociedad basada en el uso de las TIC. Por un lado las Administraciones estatal y autonómica  vienen realizando importantes esfuerzos económicos para subvencionar e incentivar  a personas y empresas con la intención de consolidar y ampliar la extensión de las nuevas tecnologías pero, por otro lado, el acceso a internet (entendido como pieza básica para la alfabetización digital) todavía no es un servicio que deba prestar la Administración.

Creo que ha llegado el momento de que las Administraciones actúen con coherencia reconociendo que el acceso a la red debe ser un servicio público y reconociendo también que la asunción de esta competencia debe ser la primera apuesta por reducir o terminar con la llamada brecha digital. Serían, en este caso, los Ayuntamientos los más indicados para prestar este servicio, valorando incluso la posibilidad de recibir ayudas de otros organismos públicos.

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Responses

  1. Rosa, yo creo que hay que distinguir entre servicio público y servicio gratuito. El teléfono es tb un servicio público, pero no es gratuito. De igual modo, creo que proveer un servicio público suministrado en competencia por operadores económicos por las AAPP de modo gratuito, es competencia desleal.

    El hecho además lleva a otras implicaciones en estos momentos de crisis. Imaginemos un ayuntamiento que ha desplegado este servicio, ¿ha de mantenerse contra viento y marea en estos tiempos de recesión? Pues yo, personalmente, tengo claro que no, y que de medidas populistas de este tipo viene en parte los deficits de los ayuntamientos.

  2. Hola, Andrés. Es verdad que servicio público no es igual que servicio gratuito. Estoy de acuerdo contigo. Pero cuando digo servicio público me refiero a un servicio prestado por una Administración pùblica, independientemente de que para prestarlo tenga que cobrar una tasa, lo preste de forma gratuita o lo haga en colaboración con empresa privada. Creo que si la Administración pudiera ofrecer y controlar el acceso a la red todos tendríamos menos problemas con los operadores y, en consecuencia, más oportunidades para poder acceder a la información utilizando las TIC.

    Sin embargo, discrepo contigo (creo que por primera vez) en cuanto a que en tiempo de crisis haya de mantenerse un servicio de este tipo contra viento y marea. Como digo en el post, no se puede luchar contra la brecha digital si no se empieza por el principio y este comienzo no es otro que poder acceder fácilmente a la red o, al menos, eso pienso. Puede ser que se utilice como medida populista, Andrés, pero debemos concienciar a los políticos para que empiecen a tomarse en serio la adopción de medidas como esta, tan necesaria para la sociedad (de la información y el conocimiento).

  3. Estamos de acuerdo en que la lucha contra la brecha digital ha de ser una prioridad. Lo que no creo es que poner wifi gratuito sea la mejor manera de luchar contra la brecha digital. Y mucho menos que las AAPP se conviertan en operadoras (ya lo fueron, y creo que es claro que desde que dejaron de serlo las telco han progresado más).

    Los Telecentro, llevar la conectividad de banda ancha al entorno rural o las subvenciones parciales a las conexiones de banda ancha a aquellos que realmente las necesitan, creo son mejores opciones.

  4. Un tema muy interesante y muy complejo, por el que me intereso desde hace tiempo, ya que entiendo como tú que supondría un gran impulso de la sociedad de la información y, por ende, de la administración electrónica.

    Como dices, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones lo pone muy difícil, ya que la Ley General de Telecomunicaciones establece que éstas, las telecomunicaciones, son servicios de interés general que se prestan en régimen de libre competencia y este es el principal obstáculo.

    Las posibilidades actuales de prestar este servicio por los Ayuntamientos en mejores condiciones económicas que los operadores privados (es decir, financiándolo con cargo a recursos públicos, pudiendo incluso ser gratuito) pasan por limitar este acceso wifi a las páginas web de las Administraciones Públicas, por ofrecerlo en determinadas ubicaciones (dice la Comisión “bibliotecas y otras instalaciones en las que por su naturaleza y por la vinculación de sus usuarios con los mismos, el servicio sea necesario para la satisfacción de los fines que le son propios”).
    Ambas opciones podrían compatibilizarse pero la segunda, por su reducido coste, creo que es irrenunciable.

  5. La solución sería una modificacion del Marco jurídico que establece la Ley General de Telecomunicaciones, de diferenciar que servicios pudiera ser suministrados por un hipotético operador “público” como un Ayuntamiento, cuya finalidad seria el desarrollo de los “Planes del desarrollo de la Administración Electrónica”. Esto supondría un propio impulso de la tan citada Sociedad de la Información.

    Yo entiendo, que no es lícito, que un Ayuntamiento pueda intervenir un modelo de competencia como el buscado en el mercado de las telecomunicaciones, salvo que se diera los fallos en el mercado del municipio en cuestión, en este caso y con ciertas condiciones, pudiera prestar los citados servicios de telecomunicaciones pero no con cargo a fondos públicos sino con una contraprestacion de los usuarios, como un “operador privado”. Cuando desaparecieran los fallos de mercado en el municipio en cuestión, se debería dejar de prestar dicho servicios a favor de operadores privados. Tal como incidica el artículo, este supesto, no creo que sea el caso de poblaciones como Málaga, Avilés…donde las operadoras privadas si tienen incentivos para prestar dichos servicios de telecomunicaciones.

    Un plan paralelo al anterior, debería desarrollar con un sistema de implatación de ordenadores periféricos como las actuales cabinas telefónicas, donde el administrado pudiera realizar los diferentes tipos de tramites con las diferentes administraciones públicas.

  6. Mmmm,

    Es un tema complejo.

    Coincido en que creo que las administraciones públicas no deberían ‘mezclarse’ en estos temas.

    Pero también es cierto que el acceso a las llamadas ‘autopistas de la información’ debería ser un derecho básico de cualquier ciudadano.

    En este sentido, creo que – dados los actuales precios – las administraciones públicas deben garantizar el acceso universal a la red.

    Otra cosa es que, quien se lo pueda permitir, contrate mejores servicios (pagando una cuota).

    Lo que es evidente es que la actual situación no es la deseable… por eso, aunque tampoco creo que no es deseable que la administración ofrezca el servicio, sí que creo que es una situación ‘menos mala’.

    Por otro lado me gustaría dejar claro que las administraciones públicas no ofrecen ningún servicio gratis (ni mucho menos las empresas privadas). Si ofrecen este servicio sin coste adicional para el ciudadano dejaran de ofrecer otro posible servicio.

  7. Entre tanto análisis sesudo cambio de tercio y mezclo el tocino con la velocidad: quizá sea interesante reclamar antes que las compresas no tengan el IVA de un artículo que no es de primera necesidad (16%)….y es que hay tantas y tantas cosas incomprensibles que difícilmente podremos alcanzar consenso alguno.

  8. Gracias a todos por vuestros comentarios.

    @Andrés Nin: poner wifi gratuito no es, efectivamente, ni la única ni la mejor manera de reducir la brecha digital, pero sigo pensando que sería una medida importante para que la mayoría de las personas pudieran acceder a la Sociedad de la Información.

    @josembaeza: a veces en nombre de la libre competencia muchos ciudadanos dejamos de disfrutar en condiciones de algunos servicios y, además, los pagamos a precio “de oro”. Las operadoras actuales dan muchos problemas y da igual con quien contrates.

    @SANP: bienvenido a este blog. Sería una original iniciativa repartir por un municipio terminales de ordenador, al igual que las cabinas telefónicas. Pero creo que se plantearían inconvenientes añadidos como, por ejemplo, realizar una inversión en los equipos y en los edificios que los albergarían.

    @MarcG: efectivamente, las Administraciones deberían ofrecer un acceso gratuito y si alguien quiere un mejor servicio, que lo contrate. Pero todos tendrían garantizado ese acceso para, por lo menos, navegar por la red y gestionar su correo electrónico.

    @El Funcionario: es verdad que, a veces, no nos preocupamos por problemas que son realmente graves. ¿Quién dice que las comprensas no son un artículo de primera necesidad? Bueno, …. esto …. hay quien dice que son un artículo de lujo.

  9. No estoy de acuerdo con el acceso universal gratuito.

    Este acceso debe ser denegado a las personas físicas o jurídicas cuyo nivel de ingresos le proporcione una clara posibilidad de acceder sin merma de su patrimonio. Por ejemplo, aquellos cuyo suma de ingresos familiares exceda de 3.000 euros mensuales.

    Como no se deben hacer restricciones tecnológicas a la hora de implantar la red.

    La solución es poner un impuesto para todos aquellos a los que inicialmente se les denegaría el acceso por su nivel de ingresos y que obviamente nadie va a controlar si luego utilizan o no este servicio.

    Por ejemplo, un impuesto de 100 euros mensuales a las personas de este colectivo sería suficiente para soportar los costes de infraestructura y mantenimiento. Y si sobra algo, se crea algún puesto de trabajo entre los desempleados.

    La iniciativa es interesante incluso para crear nuevos puestos de trabajo.

  10. Gracias por tu comentario, Anti tanques. Tampoco es mala idea cobrar una especie de impuesto o tasa a aquellas personas cuyo nivel de ingresos se lo permita. La verdad, es que cualquier medida que se adopte en este sentido puede resultar viable. De todas formas, sigo manteniendo que este servicio debería surgir de la Administración. De qué manera y en qué condiciones es ya otra cosa.

  11. Efectivamente, hay que distinguir entre servicio público y servicio gratuito. La cuestión está el la utilización, en el “cómo”. Mientras haya una administración “a la vieja usanza”, donde los papeles se mueven de un lado a otro, se pasen balones de aquí para allá y esté dirigida por quienes tan sólo se ocupan de su ombligo y de su bolsillo, la administración electrónica será casi utopía.
    La utilización de las tecnologías (costosa, gratuitas o regaladas), por mucho éstas supongan un avance social, si la cosa no cambia y los dirigentes siguen exigiendo y archivando documentos en papel, sellados con “recibí” y tampones de tinta azul, poco vamos a avanzar y, cuanto menos, a aplicarse en organismos oficiales.
    ¡Una pena y una pérdida de dinero y oportunidades!

  12. Madre mía, un tema tan interesante y ya llego casi a los postres…

    El servicio público por definición debe prestarse a todos los ciudadanos, y debe asegurarse que se presta en igualdad de condiciones.

    Una buena definición está en http://europa.eu/scadplus/glossary/public_service_es.htm

    Andrés, has puesto como ejemplo que el teléfono es un servicio público, y no estoy tan seguro. En principio un servicio público es aquel que es competencia del estado, y que se presta, o bien directamente, o bien mediante concesión, la cual estipula los medios por los cuales una o varias entidades de derecho público o privado lo prestan.

    Estoy de acuerdo en que no hay que suponer que servicio público equivale a gratuito. Por ejemplo, un servicio público como el Registro de Patentes se debe pagar una tasa por usarlo.

    A mí el símil que más me gusta son las carreteras, que creo se parecen más al acceso a internet que el teléfono, ya que el acceso a internet es un servicio intermediario, o sea que permite el acceso a otros servicios, mientras que el teléfono es un servicio final.

    En el modelo que propongo, las carreteras pueden ser de uso gratuito (carreteras nacionales, autonómicas, etc.) o de pago por uso (autopistas).

    Efectivamente, la legislación actual es proteccionista en tanto que protege un modelo de negocio de las operadoras de telecomunicaciones, lo cual beneficia los ingresos económicos de éstas pero perjudica el desarrollo de la Sociedad de la Información.

    El modo en que los ayuntamientos, con su mejor intención, están prestando éste servicio, es legal y operativamente un engendro. No es nada bueno que un ayuntamiento se convierta en empresa, que es lo que debe ser para ser un buen operador, pues debe tener su cuenta de ingresos y de gastos. Lo que hay que hacer es modificar la legislación para que puedan hacerlo en el ejercicio de sus competencias.

    Como servicio público y gratuito para todos, no estoy de acuerdo en que se establezcan restricciones por ningún tipo de discriminación.

    Por supuesto, el acceso debe ser básico, es decir permitir los principales usos de la red (web/email/eadministracion), pero para los que deseen servicios adicionales (audio/video/multimedia en tiempo real, etc.) deberían de contratarlo y pagarlo de su propio bolsillo.

    En mi blog escribí hace tiempo un artículo sobre este tema http://efuncionario.com/2007/06/20/internet-gratis-para-todos/

  13. He leído tu artículo, Félix, y la verdad es que no lo recordaba (aunque creo que por esas fechas estaba de viaje). Es realmente interesante lo que dices y la similitud con las carreteras me parece bastante acertada. De una forma u otra, y como bien dice Morgana en uno de los comentarios, el acceso gratuito a internet debería ser una prioridad.

  14. No estoy de acuerdo conque un servicio público es competencia del estado. Leete con detalle el enlace que mandas, más bien es un servicio que el estado ha de velar por cómo se presta. Esto abarca teleco, energia, agua, …

  15. Efectivamente Andrés, he confundido Servicio Público con Dominio Público (demanio).

    El dominio público incluye, entre otros, el espacio convencional (territorio) y el espacio radioeléctrico. La concesión se refiere al uso del espacio público. Así por ejemplo, las compañías de teléfonos móviles tienen una concesión de uso de determinado espacio radioeléctrico para prestar sus servicios.

    Los servicios públicos pueden estar prestados o no por el estado, aunque el estado es siempre el responsable de garantizar su correcta prestación. En ese sentido es el responsable, o bien de prestar los servicios públicos (ej. educación, sanidad) o bien de regularlos (ej. telefonía) para que se garantice su correcta prestación.

    Pero vamos, en lo que concierne al tema que tratamos, es claro que el estado puede ofrecer Internet como servicio público, según dice el artículo 128.2 de la Constitución Española:

    “Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales,…”

  16. Gracias.

    En los centros públicos con ordenadores conectados a internet (bibliotecas, telecentros, casas de cultura, centros cívicos, universidades, etc.) suele haber un límite de tiempo para las consultas.

    En algunos de ellas, con buen criterio, si quedan computadoras libres y no hay nadie esperando su turno dejan estar más tiempo que el estipulado a quien lo necesite. Pero, lógicamente, en cuanto todos los ordenadores están ocupados y llega alguien que quiere usar uno se pide al que lleva más tiempo (habiendo pasado el límite) que ceda su puesto.

    El problema es que en otros centros son inflexibles y no dan prórroga a las personas que lo requieren, quedando uno, varios o todos los ordenadores desocupados, pudiendo estar dando un servicio público a las personas que pagan sus impuestos por él.

    En todos los locales públicos se debería permitir estar más tiempo usando la WWW a quien lo necesite, siempre que sea posible, según se ha explicado.

    Saludos


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