Posteado por: rosacobos | febrero 12, 2008

Ley 57/2003: ¿modernizacion o retrogradación?

retrogrado.jpg Los griegos, creadores de mitos y constelaciones, creían que las estrellas se desplazaban a través de la bóveda celeste prendidas en esferas transparentes y etéreas. El movimiento de estas esferas era, a sus ojos, perfectamente regular y uniforme. Sin embargo, observaron que algunos de estos cuerpos no se desplazaban con el resto del cielo, sino que su movimiento parecía caótico y errante. Por eso les llamaron planetas, que en griego significa vagabundo, errante. Hoy este movimiento de los planetas, que en su día desconcertó a los griegos, se conoce con el nombre de “retrogradación“.

Y no puedo evitar comparar la retrogradación de los planetas con los vaivenes legislativos en materia de régimen local. Así, la Ley 57/2003 de medidas para la Modernizacion de Gobierno Local parece, desde mi modesto punto de vista, más que modernización o camino hacia delante, retrogradación o camino hacia atrás.

Desde que se publicó esta ley los municipios españoles han ido adaptando su organización a los preceptos contenidos en ella a medida que han ido alcanzado los mínimos de población establecidos para que les sea de aplicación.

 

Se supone que cuando nace una nueva ley es para mejorar la situación anterior a ella; de hecho, en la exposición de motivos de la ley 57/2003 encontramos las explicaciones del por qué de la necesidad de su promulgación, de modo que, al leerlas, nos preguntamos cómo han podido sobrevivir los ayuntamientos sin ella.

 

Y por más que se diga que surgió para responder a las necesidades específicas de los municipios de gran población llenando así algunas de las lagunas de la ley 7/1985 de Bases del régimen local, creo que en algunos aspectos ha supuesto un paso hacia atrás, ya que impide el ejercicio del control de la gestión política y administrativa por parte de órganos ajenos al equipo de gobierno municipal. En una sociedad avanzada en la que las leyes garantizan, o al menos lo intentan, la transparencia en la gestión política y administrativa, el hecho de limitar que los partidos políticos de la oposición conozcan de determinados asuntos municipales, me parece bastante retrógrado o, lo que es lo mismo, la vuelta a una época de oscurantismo.

 

En este sentido, los tres aspectos fundamentales que van a favorecen una gestión administrativa oscura y de puertas para adentro son, en mi opinión, los siguientes:

 

1º.-La pérdida de protagonismo del Pleno.

 

Este órgano, que conocía de casi todos los asuntos municipales pasa a ocupar un segundo plano, de manera que la ley solo le permite debatir sobre las grandes políticas de la ciudad. Por tanto, asuntos como las relaciones de puestos de trabajo, la adjudicación de concesiones, la aprobación del personal eventual, van a ser aprobados por la Junta de Gobierno con total desconocimiento del resto de concejales electos. Por tanto, con este vaciado competencial del Pleno se está dando un paso hacia atrás (retrogradación) en lo que se refiere a la existencia de una pluralidad política en la adopción de acuerdos.

 

2º.- La fuerza que adquiere la Junta de Gobierno Local.

 

Dice la ley que para reforzar el perfil ejecutivo de este órgano, el Alcalde podrá nombrar a personas que no ostenten la condición de concejales para que formen parte de la Junta de Gobierno. Quiere decir esto que personas no electas, elegidas arbitrariamente por el Alcalde y a las que el ciudadano no conoce puesto que no formaban parte de las listas electorales, van a poder decidir sobre determinados asuntos del gobierno y administración municipales. Entonces, ¿por qué dice el art. 140 de la Constitución Española que los Ayuntamientos estarán integrados por el Alcalde y los Concejales y que éstos serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal?.

 

Resulta chocante que una persona por el sólo hecho de estar afiliada a un partido y tener amistad con el Alcalde, participe en la adopción de acuerdos que van a afectar a mi vida en el municipio. No quiere decir esto que estos concejales no electos sean personas poco preparadas, porque puede darse el caso de que algunos de ellos lo haga mejor, incluso, que los concejales electos. Lo que molesta es que son personas a las que nadie ha votado.

 

3º.- La creación de órganos directivos, cuyos titulares serán nombrados y separados por la Junta de Gobierno.

 

Se supone que dichos cargos ocuparán una posición entre el político y el funcionario. Ahora quienes realmente van a a dirigir la gestión administrativa municipal son personas totalmente afines al equipo de gobierno y no funcionarios que ocupan puestos obtenidos por concurso u oposición. Aunque el art. 130 reconoce que “los nombramientos habrán de efectuarse motivadamente y de acuerdo con criterios de competencia profesional y experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada” la realidad es que los criterios de selección de directores generales o coordinadores no son ni públicos ni objetivos, al menos que yo sepa.

 

Paralelamente a la creación de estos órganos, la figura del Secretario General pasa también a ocupar un segundo plano, al igual que sucede con el Pleno.

 

Así, tanto el Pleno como el Secretario General de la Corporación quedan relevados de muchas competencias que ostentaban para dejarlas en manos del equipo de gobierno y de sus personas de confianza, elegidas estas últimas discrecionalmente y en base a criterios exclusivamente políticos. Y aunque no dudo que la ley 57/2003 sirva para agilizar la gestión en los ayuntamientos de las grandes ciudadades (se refuerza el papel de la Asesoría Jurídica, se crea la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones, se crean las Juntas de Distrito,…), no me parece lógico dejarlo todo en manos de un mismo partido político, sin la posibilidad de someter ciertas decisiones importantes para la ciudadanía al control del Pleno municipal o al control de funcionarios de administración local con habilitación de carácter estatal, porque aunque éstos también puedan ser nombrados en comisión de servicios y se presuponga su afinidad política con aquél que los nombró, no es tanto como restarles muchas de sus funciones de control.

 

Claro que la propia ley 57/2003 reconoce que “… el objetivo último debe ser la elaboración de una nueva Ley de Bases de la Administración Local, que constituya un instrumento adecuado …..”. Esperemos, entonces, que la futura ley de bases que el gobierno español empezó a concebir en julio de 2004 mediante la constitución de la comisión de expertos para elaborar el Libro Blanco sobre la Reforma del Gobierno Local, suponga un reforzamiento de la democracia municipal .

 

Y esperemos también que la nueva ley de bases suponga un nuevo avance en la órbita en la que se mueven los entes locales.

 

 

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