Posteado por: rosacobos | enero 1, 2008

Oposiciones amañadas

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A través del blog de Óscar Cortés he leído una entrada de Andrés Morey acerca de la justicia y la discrecionalidad técnica en la selección de personal en la Administración pública. Lo expuesto en ella es el reflejo casi exacto de la problemática que existe en el acceso a la función pública y seguramente muchos de nosotros hemos llegado a identificarnos con las circunstancias descritas por su autor.

 

Una convocatoria para cubrir determinadas plazas se hace, lógicamente, atendiendo a las pautas legalmente establecidas (oferta de empleo público, convocatoria, nombramiento del tribunal, desarrollo del proceso, toma de posesión,…). No obstante, el hecho de respetar las normas básicas correspondientes a la selección de personal no implica que el proceso se realice con la debida objetividad e imparcialidad, pues el resultado final del mismo dependerá de la independencia de los miembros del Tribunal; es sobradamente conocido que en nombre de la célebre discrecionalidad técnica han llegado a cometerse auténticas irregularidades, las cuales son imposibles de demostrar si se acude a la vía judicial.

 

Cronológicamente el desarrollo de un proceso selectivo amañado tiene lugar de la siguiente manera:

 

En primer lugar, en la oferta de empleo público se pueden incluir determinadas plazas con la finalidad exclusiva de colocar a personas cercanas al entorno familiar o personal de los políticos (u otros personajes), con la total convicción de que la convocatoria posterior se adaptará a las necesidades curriculares de cada uno de los aprobados potenciales.

 

En segundo lugar, la convocatoria correspondiente puede incluir criterios de selección cuyos requisitos únicamente puedan ser cumplidos también por determinadas personas. Este extremo puede llegar a convertirse en “vox populi” dentro de la organización, pero legalmente imposible de demostrar.

 

En tercer lugar, el nombramiento de los miembros que compondrán el Tribunal se puede realizar teniendo en cuenta el grado de manejabilidad de cada uno de ellos, así como su afiliación o simpatía política; a veces, sorprende comprobar que la simpatía política de los opositores “preseleccionados” coincide con la de la mayoría de miembros del tribunal. En determinadas administraciones  el nombramiento de miembros de un órgano de selección se realiza de forma discrecional, únicamente en base a criterios muy generales establecidos por las leyes como, por ejemplo, poseer una determinada titulación; pero a partir de aquí la libertad de la Administración para nombrarlos es absoluta.

 

En cuarto lugar, el desarrollo del proceso selectivo igualmente puede realizarse de manera que, en apariencia, los miembros del Tribunal juzguen a los opositores atendiendo únicamente a los principios de mérito y capacidad que cada uno de ellos demuestre. Pero sólo en apariencia, porque el acto de asignar las notas a los aspirantes se realiza a puerta cerrada, con lo cual las deliberaciones son secretas. Además, en las actas de estas reuniones no suelen aparecer dichas deliberaciones, sino únicamente las notas que cada miembro determina, corroborando así lo que indica Morey “….. que la discusión puede no aparecer nunca, porque el acta se limite también a exponer la nota, … de modo que cuanto menos se diga o aparezca menos intervendrán los juzgados y tribunales”.

 

En este punto, merece una especial atención el sistema de examen: si este consiste en la exposición de un tema extraído al azar de entre los que figuran en la convocatoria, estamos salvados; pero si consiste en un supuesto práctico elaborado por el Tribunal a puerta cerrada, la hemos palmado. Así de sencillo. En una convocatoria en la que uno de los exámenes ha sido elaborado por el Tribunal, es donde tiene cabida la deformación del proceso debido a la no publicidad en la elección del tema: todos hemos oído rumores acerca de las supuestas filtraciones de los exámenes prácticos. Así, podría darse el hipotético caso de que varios aspirantes pasen los dos primeros exámenes (extraídos al azar de un bombo) con sendos cincos y seis y al realizarse el examen práctico (propuesto por el Tribunal sin publicidad) alcancen en este notas que oscilan entre el ocho y medio y el nueve y medio;  sería un extraño caso ¿verdad?. 

 

Y ahora viene lo peor: acudir a la vía contencioso-administrativa para intentar demostrar lo indemostrable. ¿Cómo se demuestra que en lugar de un 6 en un examen un aspirante se merecía un 9?; ¿cómo se demuestra que los miembros del tribunal estaban previamente de acuerdo acerca de qué nombres iban a proponer como aprobados?.

 

La situación descrita es muy común en todas las Administraciones Públicas, aunque no quiero decir que se produzca en todos los casos en los que se procede a realizar selección de personal. También existen otros en los que las actuaciones se llevan a cabo teniendo en cuenta la preparación de cada opositor, y no su afiliación política o sindical.

 

No obstante es alentadora la STS de 20 de julio de 2007  en la que se limita el uso de la discrecionalidad técnica por parte de los Tribunales y órganos de selección de personal en las Administraciones Públicas.

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Responses

  1. Sólo para apuntar que me he mudado a http://amedeomaturo.wordpress.com, porque permite el uso de texto enriquecido

  2. Quiero señalar que yo en la AGe sólo tengos sospechas fundadas de una oposición (tal vez dos, sin incluyo las de funcionarización de personal laboral) donde haya habido algún tipo de consignas de aprobar a éste o suspernder al otro. Creo, que en la AGE este tipo de prácticas en las oposiciones, de darse, son puntuales y muy muy excepcionales.

    Donde se produce la discrecionalidad y el chanchullo más repugnante es en la provisión de puestos posteriores, en los concursos (donde las plazas se describen para la persona a la que se quiere conceder el puesto, casi en todos los casos) y en las libres designaciones.

    Ayer me contaba un amigo vasco como estas prácticas se realizan abiertamente allí para aprobar a personas del partido en el poder: se consultan en sabinoetxea (la fundación del pnv) la afiliación o no de candidatos. Me decía que se lo había contado alguien que participa en tribunales de oposición y que es uno de los militantes del pnv que procede de euskadiko ezkerra.

    No se si es cierto o no (tiendo a pensar que si), pero lo cierto es que dada la discrecionalidad en la evaluación de los examenes está práctica es posible. Por eso convendría evitar este tipo de “tentaciones” mediante un sistema mucho más objetivo y auditable de las oposiciones.

  3. Gracias por tu comentario.
    Efectivamente la Administración Local se producen más casos de enchufismo y clientelismo que en otras administraciones.
    Cada Ayuntamiento (o Diputación) es un pequeño “reino de taifas” y cada equipo de gobierno tiende a convertirlo en ” su cortijo”.
    Desgraciadamente, las irregularidades son bastantes frecuentes, aunque no siempre, ya que existen casos en los que las oposiciones se ajustan a las reglas sobre acceso a la función pública y se evalúa a los aspirantes con bastante objetividad.
    Sin embargo, la provisión de puestos se realiza a dedo, utilizando determinadas figuras como la comisión de servicios y la adscripción temporal como formas normales de provisión de puestos, ignorando la forma normal y legal de hacerlo que es mediante el concurso general anual.
    La Administración local está necesitada de una reingeniería en materia de provisión de puestos y promoción profesional.

  4. […] Temor a que las bases de las convocatorias, también para la promoción interna, se hagan a medida de “los elegidos“. […]


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