Posteado por: rosacobos | diciembre 17, 2007

Contratación electrónica

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Quizá una de las novedades más significativas de la nueva Ley de Contratos del Sector Público 30/2007, en el ámbito de la modernización de las administraciones públicas, es la posibilidad que ofrece dicha norma de celebrar contratos mediante subasta electrónica y mediante sistemas dinámicos de contratación, cuya realización es exclusivamente electrónica, reconociéndose también la posibilidad de utilizar la factura electrónica.

En la sociedad actual, caracterizada por los avances científicos y tecnológicos, se hace necesario que las nuevas leyes recojan en su articulado aquellos aspectos susceptibles de ser ejecutados o realizados mediante la utilización de medios informáticos, y le ha llegado el turno también a los contratos que se celebren en el sector público mediante la posibilidad de realizarlos por medios electrónicos.

En lo que se refiere a la utilización de estos medios la nueva ley ha sido dictada teniendo en cuenta la implicación del ejecutivo español para conseguir una adecuación de la administración española a las pautas europeas en administración electrónica que se recogen en el Plan de acción sobre administración electrónica i2010 y que se recogen también en el Plan  Avanza y en el Plan de Medidas 2006-2008 para la mejora de la Administración, siendo la ley 11/2007 de Acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos la materialización de una de las iniciativas legislativas que el MAP ha puesto en marcha dentro de este último plan.

Sin embargo, la posibilidad de utilizar los sistemas de contratación electrónica parece depender de dos cosas:

1ª.- La adecuación por parte del empresario a los cambios que se derivan de la aplicación de esta formas de contratación exclusivamente electrónicas, con lo cual también deberá formarse en este sentido.

2ª.- El grado de implementacion de administración electrónica que exista en cada Administración.

Por lo que respecta al primer punto, las empresas privadas parecen no tener demasiados problemas a la hora de adaptarse a las nuevas tecnologías puesto que, en líneas generales,  gozan de más autonomía financiera y de gestión, ya que sus decisiones no implican la necesaria  y obligatoria participación de diferentes órganos en el desarrollo de cualquier procedimiento.

Sin embargo, las Administraciones Públicas son más lentas en cuanto a la puesta en marcha de determinadas iniciativas, tanto por la necesidad de justificar todas sus inversiones como por la obligatoria participación de varias unidades administrtivas en la resolución de un procedimiento, con lo cual la obtención del resultado final se alarga en el tiempo. Si se trata, además, de llevar acabo iniciativas que permitan la implantación de sistemas de e-administración el proceso puede alargarse aún más, si tenemos en cuenta que los procesos administrativos electrónicos también estan sometidos a una regulación legal previa para garantizar la igualdad de condiciones en el acceso a los mismos.

Y todo lo anterior también dependerá del grado de modernización que haya alcanzado cada una de las Administraciones territoriales. La AGE y la administración de las comunidades Autónomas (Junta de Andalucía, por ejemplo) parecen haberse tomado más en serio el hecho de modernizar la prestación de los servicios de su competencia mediante la utilización de medios electrónicos; pero los Ayuntamientos avanzan hacia la sociedad de la información sin un control unitario que permita  obtener una impresión global acerca de su nivel en e-administración, depediendo exclusivamente de cada entidad local la posibilidad de relacionarse con ella de forma electrónica.

Por tanto, y volviendo al tema de la contratación por medios electrónicos, difícilmente podrá utilizarse en aquellos Ayuntamientos que no cuenten previamente con una infraestructura que lo permita. En la Disposición Final novena de la nueva ley de contratos se recogen una seria de medidas que garantizarán el uso de medios electrónicos, informáticos o telemáticos, así como el uso de la factura electrónica, pero parece ceñirse a la contratación en el sector público estatal.

Es lógico pensar que las entidades que conforman la administración local iniciarán este proceso de adaptación cada una por separado y siempre que “lo permitan sus disponibilidades presupuestarias” (así viene recogido en la disposición final tercera de la Ley 11/2007, en cuanto al ejercicio de los derechos reconocidos en el art. 6 de la misma ley) y, por desgracia, todavía existen Ayuntamientos que conceden más importancia a otros asuntos que a la implantación de la e-administración en la gestión de sus servicios.

En esta materia resulta muy interesante la adaptación del gobierno vasco a la contratación pública electrónica. Merece la pena visitar esta página.

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Responses

  1. Una frase optimista, que premia más de lo debido al sector privado: “las empresas privadas parecen no tener demasiados problemas a la hora de adaptarse a las nuevas tecnología”.

    Por lo que se refiere a la Ley, parece una consecuencia lógia de la 11/07.

    El siguiente paso será el de certificar la fecha del “apagón de la factura en papel”. Si ponemos una fecha tope en este asunto, todos, empresas públicas y privadas, deberán adecuar su sistema a las nuevas exigencias.

  2. En realidad no conozco muy bien el funcionamiento de las empresas privadas, tengo que reconocerlo.
    Pero, a priori, y por las experiencias en la empresa pública, a veces me da la impresión de que estamos muy a la cola en la carrera hacia el progreso.
    Donde trabajo (empresa pública) ni siquiera he oído hablar de e-administración y ni siquiera está incluida en los planes formativos de los empleados y apenas se ofrecen servicios on-line a los ciudadanos, aún a pesar de ser un municipio de gran población.

  3. El panorama es desolador, lo reconzco. Supongo que estáis todavía en la fase de “evangelizar”. Es la más dura y más deprimente, porque hablas de cosas necesarias y nadie se entera.

    Eso no quiere decir que haya que abandonar. Recordemos que la Ley 11/2007 establece derechos de los ciudadanos y que el plazo último para que esté funcionando es el 1 de enero de 2010.


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