Posteado por: rosacobos | octubre 11, 2007

La ley del silencio en la Administración

Incidiendo en el mismo tema del post titulado “La picaresca del silencio“, me voy a referir a continuación a una situación personal para testimoniar cómo la Administración utiliza la figura del silencio administrativo para eludir una responsabilidad y una obligación que le viene impuesta por la Ley, que es, lógicamente, la obligación de resolver. No obstante, no siempre es así, puesto que la propia Ley que se refiere al silencio administrativo negativo garantiza también al administrado que la actividad administrativa se desarrolle generalmente por los cauces reglamentarios. Por tanto, lo que paso a exponer a continuación es una experiencia absolutamente personal.

En mi caso, la Administración parece haber desplegado a conciencia una potestad propia para inhibirse de resolver ciertas cuestiones que pudieran poner en entredicho su capacidad organizativa y de gestión y cuya resolución expresa pudiera acarrear un desequilibrio entre determinados grupos de clasificación de los empleados públicos e incluso un desmantelamiento de la gestión de determinadas políticas de personal. A continuación enumeraré, por orden cronológico, las peticiones presentadas ante el Ayuntamiento de Almería y que han sido desestimadas por silencio administrativo:

1.- 16-11-06: Recurso de Alzada frente a la propuesta de un Tribunal de Selección para la provisión de 6 plazas de Técnicos de Gestión por el sistema de promoción interna. Como consecuencia interpuse recurso contencioso-administrativo contra dicho acto presunto.

2.- 27-11-06: petición de que se proceda a la publicación de la Relación de Capacitados que tomaron parte en el referido proceso selectivo, ya que quedé en bolsa en calidad de capacitada para la prestación de servicios de carácter temporal. Esta publicación debió efectuarse paralelamente a la propuesta de aprobados del Tribunal, según el art. 65 del Reglamento de Ingreso y Provisión de Puestos del Ayto. de Almería, y se publicó con 5 meses de retraso.

3.- 13-12-06: petición de una copia del expediente relativo al proceso selectivo en cuestión.

4.- 26-2-07: petición para que se me adscriba a alguno de los puestos de caracter ambivalente C/B que están vacantes en la Relación de Puestos de Trabajo, ya que al existir una lista de capacitados del grupo B, parece no tener sentido proveer esos puestos mediante Comisiones de Servicios indefinidas.

5.- 19-5-07: escrito denunciando una posible situación de discriminación y acoso laboral por el Ayto. de Almería de la que pudiera estar siendo víctima.

6.- 5-6-07: Recurso de Reposición contra la desestimación presunta de la solicitud presentada en 26 de febrero de 2007, reseñada anteriormente con el numero 4.

Todos los actos presuntos que han surgido como consecuencia de las peticiones anteriores me han dejado en una situación de indefensión ante la Administración, al no obtener una respuesta o explicación ante determinadas situaciones laborales quedando, en consecuencia, mermados mis derechos como administrado al no obtener una respuesta dentro de plazo.Lógicamente, ante la existencia de 6 actos presuntos se hace inimaginable el hecho de tener que interponer 6 recursos contenciosos contra los mismos, no sólo por la pérdida de un tiempo precioso, sino también por el menoscabo de mi patrimonio.

Por ello, he tenido que recurrir a la Insitución del Defensor del Pueblo Andaluz, ante la cual se encuentran admitidas a trámites dos quejas (números 07/0853 y 07/3908). Sin embargo, la laxitud con que el Ayuntamiento está tratando mi problema parece haberse hecho extensiva al trato que dispensan a la figura del Defensor del Pueblo Andaluz, ya que las peticiones de informe remitidas por dicha Institución a mi empresa en fechas 4 de mayo de 2007, 18 de junio de 2007 y 17 de agosto de 2007, han sido ignoradas. Por tal motivo, en fecha 24 de septiembre de 2007, la Oficina del Defensor ha formulado Recordatorio del deber legal contenido en la Ley 9/1983 del Defensor del Pueblo Andaluz, así como Advertencia formal de que la falta de colaboración de la Entidad local podrá ser considerada por dicho Defensor como hostil y entorpecedora de sus funciones, haciendo referencia también a las normas recogidas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Defensor del Pueblo Andaluz que señala que “las actitudes que fueran declaradas como hostiles y entorpecedoras a la labor investigadora del Defensor del Pueblo Andaluz serán dadas a conocer públicamente…..”.

Esta situación anómala puede llegar a generar en un emplado público unos sentimientos de desengaño, desmotivación y discriminación, todos ellos contrarios al ideal de empleado público que se recoge tanto en el propio Estatuto Básico del Empleado Público como en los múltiples tratados existentes sobre calidad y modernización de la Administración, porque la casa no se puede empezar por el tejado, sino con la construcción de una base fuerte que pueda soportar el peso, y somos los empleados públicos uno de los recursos más importantes con que cuenta la Administración Pública para cumplir con sus objetivos de eficacia y eficiencia.

 

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Responses

  1. Pregunto si ya salio el reglamento de la Ley del Silencio Administrativo y si está en vigencia

  2. No he oído nada acerca de la aprobación de un reglamento sobre silencio administrativo de aplicación en la administración pública española.

    Creo que, al día de hoy, encontramos la regulación de la figura del silencio administrativo en la ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las AA.PP y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 que supuso una nueva reglamentación del silencio administrativo, así como en las disposiciones reglamentarias estatales y autonómicas que se dicten para la adecuación a la ley 30/92 de determinados procedimientos (por ejemplo, en materia urbanística y tributaria).


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