La primera parte del título de este blog resultó ser la consecuencia de un momento de reflexión con persona de mi cuidado sobre qué frase podría encabezar este sitio en el que yo quería “abordar la problemática diaria en la que se viene desarrollando el desempeño de la función pública“. En aquél momento de cavilaciones y especulaciones varias surgió el nombre de disfunción porque nos pareció lo contrario a función, aunque no deba entenderse estrictamente como su antónimo. Por entonces, la función pública era para mí un concepto que simbolizaba la irregularidad, el desorden, el caos y la descomposición de algo que, por ley (y por ética, también), debía ser todo lo contrario: orden, equilibrio, imparcialidad y rectitud, aunque bien es verdad que esta percepción fue el resultado de numerosos avatares laborales que dejaron mi ánimo profundamente maltrecho.

Y si la disfunción pública, entendida como un desarreglo en la actividad que llevan a cabo los órganos administrativos para cumplir con su finalidad, es dañina para los funcionarios y para los propios ciudadanos, no consigo imaginar qué sería la “no función pública”. Suena raro, y tal vez nos recuerde al “feliz, feliz no cumpleaños” que le cantaban a Alicia en el país de las maravillas, pero es así.

De la función pública, pasando por la disfunción, se está llegando a la no-función. Y no es esta una sensación que pudiera derivar, como antaño, de un sentimiento de rencor alimentado por horribles experiencias, sino una realidad que está tomando cuerpo en los últimos años. Cada vez que a los funcionarios se nos desacredita y vilipendia surge paralelamente un sentimiento colectivo de regocijo y entusiasmo ante el castigo, ejemplar y merecido según algunos, a una pandilla de vagos y vividores. Cada vez que se congelan o reducen plantillas de personal se producen igualmente oleadas de ovaciones que vienen a corroborar lo acertado de tal medida, basándose en tópicos tan manidos como, por ejemplo, el de que nuestra economía no puede soportar ese exceso numérico de personas que a lo único que van al trabajo es a jugar al tetris, al solitario o a irse de rebajas.

Aqui es un extracto

La sala de conciertos de la Ópera de Sydney contiene 2.700 personas. Este blog fue visto cerca de 30.000 veces en 2011. Si fuese un concierto en la Ópera, se necesitarían alrededor de 11 actuaciones agotadas para que toda esa gente lo viera.

Haz click para ver el reporte completo.

No sé cómo interpretar exactamente esta viñeta:

• ¿Que a los funcionarios nos han dejado con el culo al aire?

• ¿Que, visto lo visto, es más cómodo llevar el culo al aire para así ya no tener que bajarnos más los pantalones?

• ¿Que los del BCE y el FMI nos van a seguir dando “por donde amargan los pepinos?

• ¿Que es una medida más para recortar que también ha llegado a la uniformidad?

Cualquiera de ellas, o todas, es perfectamente válida.

Lo que no acabo de entender es qué pinta aquí la ergonomía (estudio de datos biológicos y tecnológicos aplicados a problemas de mutua adaptación entre el hombre y la máquina), a no ser que, desde el punto de vista ergonómico, despojar a los glúteos de todo tipo de envoltura textil resulte menos irritante a la hora de agacharse, levantarse, agacharse de nuevo, volverse a levantar y así sucesivamente.

Un año sin publicar. Dicen los entendidos que la calidad de un blog se mide, entre otras cosas, por la asiduidad en la publicación; debe ser verdad porque las visitas al mío han disminuido un poco. Últimamente me he puesto casi al día y en mis visitas a la blogosfera pública he descubierto algunas novedades jurisprudenciales que vienen a engrosar mi lista de sentencias favoritas.

Me han llamado la atención dos post publicado por Sevach el 30 de enero y el 3 de febrero, en los que desmenuza dos sentencias del Tribunal supremo y que son, desde mi punto de vista,  dos joyas que hay que guardar como oro en paño. Pero es que, además, la novedosa sentencia del Alto tribunal sobre la obligación de la Administración de incluir en las ofertas de empleo las plazas vacantes ocupadas por interinos ha despertado debates interesantísimos en algún que otro blog.

Las sentencias relacionadas con la función pública resultan de lo más ilustrativo para dilucidar casos en los que la aplicación de las leyes no resulta suficiente para aquellas Administraciones que creen que la aceptación de determinados preceptos legales puede obstruir sus expectativas.

Sin embargo, no es raro llegar a la conclusión de que la legislación en materia de función pública debería ser más que suficiente, en la mayoría de los casos, para no tener que recurrir necesariamente a los tribunales (así, de paso, quedarían éstos más despejados para otros asuntos de mayor entidad). Quiero decir con esto que las abundantes leyes, reglamentos, decretos y convenios que regulan la relación de la Administración con sus empleados son, a mi criterio, suficientes para que ésta, en su actuación, aplique objetivamente los contenidos de tanto texto legal y ejerza su potestad sin ningún tipo de apreciaciones subjetivas.

A veces, los pleitos son la mera consecuencia de un cabezonería entre Administración y empleado público cuando alguno de ellos no quiere aplicar o aceptar lo que está claramente legislado. Y, en la mayoría de los casos, ese choque viene provocado por ciertos altos dirigentes que utilizan las necesidades del servicio o la potestad autoorganizativa como excusa para actuar de forma arbitraria (que no discrecional, ya que ambos términos no significan lo mismo).

Si las Administraciones se ajustaran escrupulosamente a los preceptos contenidos en los textos que regulan el ejercicio de la función pública se conseguiría, por qué no, mejorar la salud de la relación Administración-Empleado.  Todo está legislado: los permisos, los traslados, la asignación de puestos, la elaboración de las plantillas y catálogos, las excedencias, los horarios, las relaciones con los sindicatos, etc.

Creo que es más fácil hacer las cosas bien: la Administración debería dar al empleado público lo que es del empleado público y no buscar triquiñuelas aparentemente legales con la única intención de restarle parte de sus derechos y privilegios. Además, se mataría a dos pájaros de un tiro: se respetaría las pretensiones del legislador (que no en vano se devanó los sesos para regular determinadas situaciones) y se daría un respiro a esos atiborrados juzgados que no ven el momento para ponerse al día entre tanto litigio.

Claro que, desde otra perspectiva, la lentitud en la resolución de los pleitos (sobre todo en la via contencioso-administrativa) es algo que algunas Administraciones (no todas) parecen aprovechar para salirse por la tangente y despojar a su personal de los privilegios otorgados por el Estado de Derecho: si aquéllas cometen alguna acción de dudosa legalidad contra un empleado público, hecha se queda; mientras tanto, el afectado, además de soportar con resignación la supuesta tropelía de que haya sido objeto, se ve obligado a recurrir a los tribunales para que éstos le restituyan su derecho. Así, la Administración hace y deshace a su antojo a sabiendas de que el mal que haga, hecho se queda. A los cuatro, cinco o siete años, sus Señorías dirán.

Comencé a escribir en este blog hace casi tres años y la verdad es que, por determinadas circunstancias, a veces me cuesta mantenerlo. De hecho entre el último y el penúltimo post han pasado tres meses. Y es que a una ya se le agotan las ideas y, a veces, hasta las ganas de estrujarse la cabeza.

Pero cuando menos te lo esperas ocurre algo que hace que merezca la pena todo el tiempo empleado en un propósito. He pasado varias semanas sin consultar las estadísticas del blog o los enlaces entrantes y hace unos días, al publicar el último post, descubrí que este blog, mi blog, aparecía enlazado en un artículo del periódico “El País” titulado “Radiografía de los Funcionarios en España“. La verdad es que el artículo presenta un análisis real de la situación de los empleados públicos en España, ausente de tópicos y de falsos planteamientos que lo único que hacen es empañar la imagen de la función pública.

Pues bien, además de este pormenorizado estudio del panorama funcionarial español, el artículo cuenta con un apartado denominado “Funcionarios en la Red” que enlaza con una relación de diversos blogs gestionados por funcionarios  y entre los que se encuentra el mío. Lógicamente faltan muchos, tal vez algunos de los mejores, de los que algunas veces este blog se ha nutrido. La blogosfera pública es aún más grande y no para de crecer.

En fin, lo dicho, que la vanidad es uno de los peores pecados.

Mucho se está hablando de la bajada en el sueldo de los funcionarios. La blosgosfera está que arde y hay numerosos artículos que, desde el punto de vista del autor, tratan concienzudamente el tema. Por eso, creo que insistir en algo que es ya una realidad y sobre lo que otros han escrito ya lo suficiente está de más a estas alturas.

Sin embargo, y para no dejar sin contenido la categoría “humor” que integra este blog, he sucumbido a la tentación de publicar esta viñeta que me ha enviado una excelente funcionaria (de esas que trabajan escrupulosamente y que, como premio, supongo, llevan casi veinte años con el mismo sueldo).

Dice Andrés Nin Pérez que lo menos preocupante es que nos bajen el sueldo y Félix Serrano en un artículo que no tiene desperdicio asegura que bajar el sueldo a los funcionarios saldrá más caro. Yo no sé qué pensar. Imagino que habrá sido difícil adoptar una decisión como esta. Sin embargo, lo que de verdad me ha impactado es la facilidad con la que se hacen algunas cosas en este país.

Funcionarios y leones. Si los funcionarios se corresponden con los primeros cristianos, ¿con quién se corresponden los romanos?.

He visto todas las películas de Harry Potter (reconozco que los libros no los he leído) y una de las escenas más llamativas, para mí, fue aquella en la que el ave fénix del profesor Dumbledore ardía para, al momento, renacer de sus propias cenizas. Y digo esto porque se me ha pasado a mí por la cabeza hacer cierta comparación entre este mito y el entorno tecnológico y social 2.0.

Son numerosos los blogs que desde hace años están aportando excelentes ideas en este campo. De hecho, la blogosfera pública es el ejemplo más claro. A través de los blogs muchos de nosotros intentamos aportar ideas y ofrecer opiniones sobre la Administración pública que nos gustaría tener en el futuro y de cómo la utilización del entorno tecnológico y social web 2.0 puede mejorar las relaciones entre el ciudadano y aquélla. Por tanto, la innovación ha sido, hasta ahora, independiente.

Se produjo una explosión de ideas que quedaron reflejadas en los blogs personales, pero daba la sensación de que, aunque la teoría era buena (muy buena) pocas veces se podía llevar a la práctica. Y es que hemos de reconocer el papel crucial que juega la Administración en lo que se refiere a la implatación y utilización de las TIC y del entorno 2.0.

Parece que, por fin, nuestra Administración, nuestra gran tutelante, está poniendo en marcha numerosas iniciativas para divulgar las TIC y que, podríamos decir, ya habían sido auguradas o que ya habían sido objeto de discusión en la red. Así, el Ministerio de Educación a través del Instituto de Tecnologías Educativas ha puesto en marcha el blog de Buenas PrácTICas 2.0 cuyo objetivo es que sean los propios profesores los que incorporten el uso de las TIC  a su actividad docente. También tiene su importancia el proyecto Escuela 2.0, que se puso en marcha el año pasado.

En el sector de la Sanidad los Ministerios de Industria y de Sanidad se están tomando bastate interés para crear una red global de expertos en sanidad y TIC, además del programa Sanidad en Línea que ya cuenta con un gran avance en la receta electrónica, la historia clínica electrónica y las citas por internet.

Por eso me refería al principio de este post al ave fénix. Y es que cuando parecía que todo lo relacionado con lo 2.0 estaba apagándose, gratamente nos sorprendemos al comprobar que está renaciendo de sus propias cenizas, aunque tenga que ser con un leve soplido institucional.

Imagen de webmomz.com

Muchas veces una noticia aparecida en prensa nos da motivo para escribir en el blog. En mi caso, he leído que los jefes no saben muy bien cómo motivar a sus empleados. Me da la impresión que el artículo se refiere más bien a las funciones de dirección en la empresa privada porque, para bien o para mal, funciona de otra manera. No podemos compararla con la Administración pública. Ésta no persigue un beneficio económico sino que sus objetivos están planteados sobre la base de la prestación de una serie de servicios públicos que beneficien a una colectividad.

Por esto, resulta raro encontrar en la Administración jefes, altruistas por supuesto, preocupados sinceramente por el bienestar laboral de los empleados; entre otras cosas porque se presupone que para eso está el amplio abanico de leyes de función publica que regula todo aquello que orbita alrededor del empleado público en su relación laboral con la Administración.

Una persona que ostente una jefatura en la Administración publica no tiene, en principio, por qué preocuparse demasiado en qué técnicas de coaching va a emplear para elevar la moral de sus “subordinados”. Entiendo que un buen jefe sólo debe velar por el cumplimiento de la normas en materia de personal. Si un empleado no se siente discriminado, no se siente agraviado, no tiene por qué desmotivarse. Ahora bien, cabría preguntarse qué grado de responsabilidad tiene un jefe con respecto a lo anterior. Porque si el responsable de un área administrativa agacha o gira la cabeza ante determinadas prácticas discrecionales que quedan en manos del político de turno, entonces la cosa cambia.

La mayoría de los jefes son elegidos, en base a las relaciones de puestos de una Administración, por el sistema de libre designación, aún a pesar de los límites que reconoce para esta forma de proveer puestos la sentencia 2146/2009, de 30 de marzo, del Tribunal Supremo. El poder político se reserva este sistema para tener cierto grado de influencia sobre el funcionario y esperar también cierto grado de sometimiento de éste con respecto a aquél (en algunos casos la libre designación es necesaria para garantizar una gestión administrativa acorde con los objetivos políticos).

En la Administración pública un buen jefe es aquel que no se somete a los caprichos y vaivenes políticos (de ahí el peligro de la libre designación). No nos imaginamos los empleados públicos a un jefe, tipo animadora, con un pompón en cada mano y una arenga diferente para cada día de la semana. Por fortuna o por desgracia el desempeño de la función pública está reglamentado y establecido en base a criterios de igualdad y poco margen queda para la imaginación. Por eso creo que para motivar al personal de una Administración pública el jefe únicamente debe procurar que la aplicación de las normas que afectan a los empleados públicos se haga con el mismo rasero para todos y atajar toda posible mala intención procedente de instancias superiores.

Nos quejamos los funcionarios de la forma en que somos tratados por la jerarquía política en relación al trabajo que desarrollamos. Parece que nos gusta recrearnos en la crítica continua hacia aquellos que ostentan la responsabilidad político-administrativa, hasta el punto de considerarlos como los únicos responsables del malestar que, en un momento dado, pueda existir entre los empleados públicos.

Pero ¿es la clase política la única responsable?. ¿No debiéramos entonar los funcionarios el “mea culpa”?.  Existen en la red múltiples espacios como este dedicados al mundo en el que se desenvuelve la actividad funcionarial. En ellos se relatan situaciones en las que los funcionarios aparecemos como las víctimas de un sinfín de atropellos supuestamente ejercidos por la clase dirigente. Esto es una realidad, sin duda, y yo misma la he argumentado en este blog en algún que otro post. Pero me pregunto si nosotros, los empleados publicos, estamos ayudando también a que cada vez se produzcan con más frecuencia este tipo de situaciones. El día a día en la Administración me ha hecho concluir en que tal vez tengamos parte de culpa.

Dice el refrán que “el que calla, otorga”. Si se produce una irregularidad y miramos hacia otro lado estamos, sin quererlo, fomentando este tipo de prácticas. ¿Pero por qué volvemos la cabeza ante un atropello laboral?, me pregunto, y creo que son dos motivos los que nos alientan por dentro:

• El miedo, como el peor de los enemigos del empleado público. Todos sentimos un terror visceral a ser señalados si alzamos demasiado la voz; no queremos tampoco ser objeto de posibles represalias o, en otras palabras, ser víctimas de violencia institucional.
• Y la esperanza. La esperanza de recibir la dádiva del político y su generosidad. Una generosidad que suele traducirse en un puesto de mayor categoría y mejor remunerado sin tener que pasar por el calvario que supone prepararse una oposición. La esperanza del funcionario es una de las mejores armas de un político para mantener a raya a los más reivindicativos.

Nos estamos acostumbrando a recibir más que a producir. La creatividad y aportación de nuevas ideas está perdiendo protagonismo y dejando paso a la apatía y a la pasividad. A nosotros mismos nos interesa ser unos funcionarios disciplinados y poco creativos para ser, al cabo de un tiempo, unos funcionarios agradecidos.

Por eso creo que somos, en conjunto, culpables. Culpables por no pedir cuentas a la autoridad, por agachar la cabeza creyendo que si estamos calladitos tal vez, algún día, seremos premiados. Nuestro conformismo permite que determinadas situaciones indeseables y de desigualdad sigan creciendo. Nuestra pasividad ante supuestas causas irregulares permite que éstas se conviertan en el reflejo de una actividad normal. Igualmente, una actitud receptiva por nuestra parte (aceptar cierto tipo de prebendas) alienta a otros a actuar de igual manera.

La moral del funcionario público se viene abajo. La situación económica y social que nos envuelve, este ambiente enrarecido, está acabando con la disciplina y el sentido del deber hacia lo público. Y una de las peores consecuencias de lo anterior es que los funcionarios que realmente se consideran servidores públicos pueden llegar a convertirse en una especie en extinción, mientras aumentan aquellos que creen que el puesto público es un precioso lugar en el que “hacer su agosto” particular.

A la función pública deben llegar los mejores, o mejor dicho, las mejores personas, porque el expediente académico y profesional, aunque importante, no es suficiente para demostrar una formación en valores. Y me da la impresión de que, en algunas Administraciones, esto no está pasando: las mejores personas se quedan en la cuneta.

Nos olvidamos los funcionarios, con demasiada frecuencia, de esos magníficos artículos 53, 54 y  55.1 del Estatuto Básico del Empleado Publico. Nos olvidamos de que debemos ser nosotros, y no otros, los principales guardianes de esos maravillosos principios que rigen el acceso y desempeño de la función pública. La observancia absoluta de esa imparcialidad y transparencia que, en teoría, debe conducir el quehacer diario de un servidor público es la que permite, a la larga, que determinadas prácticas adulteradas desaparezcan progresivamente. Aunque, claro, esta actitud alerta para no vernos involucrados en situaciones que pudieran arriesgar nuestra objetividad, es tan sólo el último eslabón de una cadena porque para llegar a éste debemos, en primer lugar, aprender a respetarnos a nosotros mismos y, en segundo lugar, aprender también a respetar a los demás.

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Imagen del blog angelodemonio.wordpress.com

He hablado en este blog de función pública, de funcionarios, de discriminación, de políticos que discriminan, de modernización y de muchas cosas más. Pero nunca he hablado de sindicatos. Esta idea lleva rondándome varios días y hoy, mientras me ponía al día en la blogosfera (últimamente tengo este y otros blogs un poco abandonados), he encontrado un post en el blog de Sevach del que quiero resaltar un párrafo que viene que ni pintado para lo que hoy quiero expresar:  “… aunque los sindicatos frecuentemente se mueven por el interés de los afiliados, y efectúan impugnaciones selectivas según su estrategia, lo cierto es que si no fuese por ellos, se consumarían infinidad de tropelías en la función pública. No olvidemos que no hay acción pública en este campo, y sin el ojo vigilante de los sindicatos, podría el cacique de turno adjudicar plazas o prebendas a diestro y siniestro…” .

Los sindicatos de clase existen desde hace más de un siglo y su gestación coincidió con el movimiento obrero español de la segunda mitad del siglo XIX. Desde entonces se han ido constituyendo en organizaciones fuertes, sólidas y con una gran capacidad de prestación de algunos servicios, tanto a los afiliados como a los que no lo son (cursos de formación, orientación laboral, defensa jurídica, prevención de riesgos, asistencia a inmigrantes …), de tal forma que cuando pensamos en un sindicato vemos a una gran maraña de departamentos que nos hacen compararlo con la Administración.

Estas grandes organizaciones cuentan con miles de personas (sindicalistas) que trabajan en ellas y las mantienen vivas. A los primeros sindicalistas les tocó vivir una época dura, un tiempo en el que algunos llegaron a estar presos e, incluso, a perder su vida por la defensa de unos ideales. Estos luchadores eran, y son, admirados por su tesón y su valor. Por el contrario, los sindicalistas de ahora son criticados, mal juzgados y ridiculizados. Y me pregunto, no ya si estas críticas son justas o injustas sino si  resultan ser el reflejo auténtico de la realidad.

 Estamos hartos de oir que los liberados sindicales hacen uso de sus horas para sus asuntos privados, hartos de oir que viven mejor que quieren, que no están sujetos a horarios, que van y vienen a su antojo y un largo etcétera de actividades más propias de un rico empresario que de un pobre funcionario que hace uso de su crédito sindical de horas y que, siguiendo también un proceso democrático, fue elegido en las oportunas elecciones sindicales.

No me gusta generalizar y, como en todo, en los sindicatos hay personas trabajadoras y luchadoras y otras que lo son menos pero, como institución reconocida por una país democrático, un Sindicato no es sino la plasmación (culminación) del derecho a la libertad sindical.

Una de las actividades más delicadas de cualquier representante sindical es la negociación, que una veces se podrá comparar al hecho de caminar sin zapatos por un sendero de púas y otras será más parecida a un camino de rosas, todo ello dependiendo del talante negociador del patrón. De todas formas, gracias a ellos no caen por tierra todos los logros conseguidos durante décadas y que nos permiten contar con unas garantías laborales básicas que, de otra forma, quién sabe lo que sería de ellas.

Tal vez los sindicalistas no sean ángeles pero tampoco son demonios. Conozco a muchos de ellos que cumplen, a veces en demasía, con una labor no exenta de cierto riesgo. En grandes empresas el delegado sindical es un número entre otros muchos (por ejemplo en la Administración del Estado) pero en las pequeñas (Ayuntamientos, empresas privadas) el desarrollo de su trabajo viene acompañado, en algunos casos, del riesgo a ser objeto de persecuciones y venganzas por parte del empresario si éste considera que aquél levantó demasiado la voz o no se dejó manipular a su antojo.