La fiebre de los blogs también llega a los Sindicatos. Recientemente la Sección Sindical de la UGT del Ayuntamiento de Almería ha puesto en marcha uno. En su primer post se explica por qué el equipo de personas que componen esta fuerza sindical ha optado por esta herramienta 2.0 para difundir la información concerniente a los empleados públicos que conforman su ámbito de acción.

Aunque posiblemente en la ciudad de Almería sean los pioneros en la utilización de un blog como mecanismo de comunicación con los empleados municipales no son, sin embargo, los primeros en hacerlo. Siempre digo que Cataluña (junto con el Pais Vasco) se caracteriza por ese espíritu innato que les hace ir a la cabeza en la puesta en marcha de iniciativas progresistas; y, como no podía ser menos, son los pioneros en la utilización de los blogs por parte de los Sindicatos, siendo la UGT la fuerza sindical que más blogs tiene en sus distinta secciones. La Xarxa Sindical de Blocs nos muestra cómo también puede llegar a materializarse una blogosfera sindical.

Los Sindicatos necesitan, al igual que la Administración, un cambio en la forma de hacer llegar la información a los trabajadores, y se hace necesaria la puesta en marcha de mecanismos que permitan la participación directa tanto de sus afiliados como de aquéllos que no lo son pero que, de algún modo, también tienen derecho a opinar y a participar en la toma de decisiones. En algunos post de este blog me he referido a la necesidad de democratizar la gestión interna de la Administración, ofreciendo el empleado público la posibilidad de aportar ideas y propuestas que supongan una mejora en la prestación de los servicios públicos. En el caso de los Sindicatos sucede lo mismo y mediante la utilización de herramientas como el blog y la wiki, pueden dar un paso hacia adelante que permita igualmente su democratización, ofreciendo al trabajador esa posibilidad de participar en la toma de decisiones.

Felicito a todas aquellas Secciones Sindicales que apuestan por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y que avanzan hacia una gestión clara y transparente.

A través de José Roldán he sabido que en Córdoba se va a celebrar una Jornada bajo el título “La E-Administración local en la provincia de Córdoba“. Durante esta Jornada, que tendrá lugar el próximo día 26 de junio, se pretende alcanzar los siguientes objetivos:

• Analizar de forma crítica el marco normativo vigente sobre e-administración y su incidencia en la gestión pública local.
• Dar difusión a las iniciativas y aplicaciones informáticas de apoyo para favorecer la implantación y desarrollo de la e-administración en las Entidades Locales.
• Difundir el modelo de e-administración de la Diputación de Córdoba.
• Promover el encuentro de personas con responsabilidad en el impulso de la e-administración en la administración local de la provincia.

Personalmente me alegra comprobar, como ya he dicho en anteriores post, que los Ayuntamientos y Diputaciones reconocen la necesidad de ofrecer sus servicios en formato digital. El hecho de que un ciudadano pueda realizar algunos trámites desde su casa supone, en principio, una disminución en las largas colas de espera, además de la posibilidad de resolver los asuntos con la administración municipal o provincial de forma más rápida y eficaz.

 El primero de los objetivos planteados para esta Jornada es, desde mi punto de vista, uno de los más importantes. Se hace necesario saber qué tenemos, qué podemos tener a corto y medio plazo y, sobre todo, establecer los criterios adecuados para que la implantación de la e-administración de sus frutos, partiendo de la regulación jurídica existente en esta materia.

Además de esto, se darán a conocer las iniciativas puestas en marcha por los Ayuntamientos de Sabadell, Paterna y Manises, que serán expuestas en la mesa redonda que tendrá lugar a partir de las 12:00 horas y que estará moderada por José Roldán Castaño, Jefe la Sección de Proyectos, Modernización Administrativa y Administración electrónica de la Diputación de Córdoba. Me llama la atención el hecho de que se trata de tres entes locales de ciudades importantes, pero no de capitales de provincia. Normalmente tendemos a pensar que cuanto más grande es una organización (pública o privada) más esfuerzos realiza a la hora de invertir para implantar las nuevas tecnologías, aunque parece que no necesariamente debe ser así. De hecho, algunos ayuntamientos de capitales de provincia todavía no han conseguido modernizar su gestión ni han conseguido prestar sus servicios mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

Esto demuestra la importancia que tiene la implicación de los políticos y directivos para conseguir unos servicios públicos de calidad, modernos y acordes con la nueva Sociedad de la Información.

La primera pregunta que se me viene a la cabeza es: después de esto ¿qué vendrá?. La blogosfera está que arde en lo que respecta a este asunto. No es para menos. En su blog, Morgana hace una reflexión bastante acertada. Por su parte Alorza propone que adoptemos medidas simbólicas que demuestren el desagrado que ha producido entre la población activa tamaña barbaridad.

¿Se trata, acaso, de un viaje en el tiempo? Y lo más horrible es que, si se acepta esto, después vendrán otros recortes sociales, y otros, y otros, …. ¿Qué hay de los derechos adquiridos durante décadas? ¿Vamos a permitir que nos los tiren por la borda?. Me asusta pensar en la posibilidad de que acatemos esta medida como ovejitas resignadas que llevan al matadero o como aquellos grupos que nos describía Aldox Huxley en un “Mundo Feliz” que en lo único que pensaban eran en tomar su droga (creo que se llamaba soma). Me dan escalofríos.

Comentaba esta tarde en el blog de Morgana que cómo vamos a criar a nuestros hijos, de qué manera vamos a atender sus necesidades cuando tengamos que estar todo el día trabajando. O mejor dicho, quién nos los va a criar y educar, porque nosotros estaremos trabajando 65 horas a la semana para el enriquecimiento de otros.

No debemos olvidar que somos seres humanos.

Procedencia de la imagen 

El acoso moral en el trabajo es un tema en el que se ha estado incidiendo en los últimos años y que ha ido tomando forma también en la Administración pública. Sin embargo, la regulación legal para los casos de ”mobbing” es escasa y, en algunas ocasiones, ambigua. Aunque la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales tiene por objeto ”promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo”, no hace una específica mención al acoso laboral, a sus consecuencias ni a las formas atajarlo.

Por su parte la NTP 476 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo define qué es el mobbing, cuáles son sus características y cual es la forma más adecuada para intervenir en este tipo de problemas, pero con el incoveniente de que esta nota técnica no tiene carácter de norma o ley, con lo cual únicamente podemos utilizarla como un texto que nos ofrece unas recomendaciones acerca de cómo actuar ante los casos de acoso en el ámbito laboral. Sin embargo, sí podemos recurrir a la Jurisprudencia para clarificar estas situaciones de conflictos laborales, al no existir una base legal específica para ellas. Podemos encontrar algunas recopilaciones de sentencias sobre acoso laboral en algunos sitios web dedicados exclusivamente a este asunto: las barricadas, mobbinmadrid y mobbing.nu. El mobbing o acoso laboral supone una actitud reiterada de hostigamiento hacia una persona, que puede provenir de sus superiores o de sus propios compañeros por múltiples razones; parece que para que este acoso y hostigamiento pueda ser denunciable ante los juzgados y tribunales debe tener una duración en el tiempo de, al menos, 6 meses, y además debe ser demostrable desde el punto de vista médico.

Sin embargo, existen otras situaciones que ejercen una presión sobre un trabajador y que, tajantemente, no podríamos calificarlas como de mobbing. A veces uno o más trabajadores pueden ser objeto de presiones que proceden del propio empleador que, en el caso de los funcionarios, vendrían ejercidas por la Administración a través de sus representantes. Este tipo de acoso se basa en la puesta en marcha de una serie de estrategias y acciones encaminadas a “apartar” a algunos empleados de determinadas funciones y a librarse de ellos mediante técnicas discriminatorias, bien por motivos ideológicos, sindicales o personales. De hecho, los funcionarios nos venimos quejando de las prácticas irregulares que ejerce la administración en materia de personal, del trato discriminatorio de que algunos somos objeto y del abuso de la potestad autoorganizativa para hacer y deshacer a su antojo, maquillando con una capa de legalidad determinadas actividades que benefician solo a unos pocos pero que, aunque presumiblemente legales, están ausentes de todo sentido ético. Por ejemplo, un funcionario que a lo largo de varios años haya visto truncada su promoción profesional bien por motivos ideológicos o sindicales no puede demostrar que haya sido víctima de una situación de acoso moral, en el sentido estricto de la palabra, pero ¿no es esta una forma velada de hostigamiento laboral? ¿no estaría la Administración, a través de sus representantes legales, abusando del poder que le confiere el ordenamiento jurídico para “castigar” reiteradamente a determinados funcionarios?.

Las consecuencias que se derivan del mobbing y otras situaciones indeseables son el descenso en la autoestima, el sentimiento de culpabilidad, la ansiedad y la fobia al lugar de trabajo, entre otras. Bien es verdad que éstas son más graves que el desaliento, la desilusión, la apatía y la inapetencia que puede sentir un funcionario como consecuencia de conductas que adopta la Administración con objeto de desacreditarlo profesionalmente o impedir su promoción profesional. Pero estas conductas, justificadas por la Administración basándose en motivos de reorganización y eficacia en la gestión de los recursos humanos, podrían igualmente concluir en situaciones de acoso laboral, al convertirse las ofensas ejercidas sobre algunos funcionarios en situaciones periódicas y continuadas en el tiempo, sintiéndose éstos infravalorados, arrinconados y apartados de su promoción profesional por motivos, vuelvo a repetir, ideológicos, personales o sindicales.

Me atrevería a enumerar algunas situaciones que pueden darse en la  Administración y que desde mi punto de vista podrían desembocar, por su sistematización, en situaciones de hostigamiento contra los empleados públicos:

 - La restricción del ejercicio de los derechos reconocidos a los funcionarios mediante la utilización de criterios subjetivos de selección de personal.

 - El consentimiento de prácticas discriminatorias, con el consecuente beneficio para unos y perjucio para otros.

 - La elaboración de bases de convocatorias para la provisión de puestos que previamente han sido pactadas y adulteradas por criterios personalistas o partidistas.

- La prolongación en el tiempo de situaciones de privilegio para algunos empleados, en detrimento de otros.

 No obstante, la socióloga argentina Diana Scialpi considera estos casos como violencia político-administrativa o violencia laboral institucional más que como situaciones de acoso laboral o mobbing. Pero llega un momento, después de varios años, en que las prácticas que limitan o restringen los derechos fundamentales de los empleados públicos tal vez puedan encuadrarse como casos de acoso laboral, debido al acorralamiento ejercido por la Institución sobre determinadas personas.

Para terminar me quedo con una frase de  Cristobal Molina Navarrete que respecto al acoso laboral dice que ”… la reafloración y multiplicación de estos brotes de conflictividad interpersonal degradante de la personalidad, nos propone igualmente un viaje de regreso al modelo de gobierno y gestión de la empresa, el de la “monarquía autoritaria” o “absolutista”. Desde una perspectiva jurídica general, esta forma de violencia “moral” constituye un ataque frontal a los fundamentos o ejes basilares del sistema normativo de cualquier sociedad civilizada…”

A través del blog de Javier LLinares he sabido que durante los días 28 y 29 de mayo se va a celebrar en  Chiva (Valencia) las Jornadas bajo el nombre “Tecnología y Ayuntamientos: paso a paso“. Efectivamente, la implantación de las nuevas tecnologías en cualquier Administración debe ir poco a poco, sobre todo porque no se trata de digitalizar a toda costa, sino que hay que hacerlo con cabeza y sentido común.

Soy un poco escéptica en lo que respecta a las buenas intenciones de los dirigentes municipales y su disposición a dar una solución informatizada a los problemas de los ciudadanos, como ya he comentado otras veces en este blog; siempre he pensado que las corporaciones municipales han dado prioridad a otros asuntos más “lucrativos” para las arcas municipales que a conseguir una prestación informatizada de aquellos servicios municipales susceptibles de ello e, incluso, he llegado a creer que la modernización no va con ellos. Sin embargo, parece que la Administración local y sus representantes están dando un pequeño giro y están aceptando, por los menos, que la sociedad de la información existe y que las nuevas tecnologías deben formar parte del presente y futuro de la Administración pública.

También a través del blog de Amedeo Maturo, he conocido el programa del VIII Foro Anual de la Sociedad de la Información Región de Murcia (SICARM) celebrado hace unos días. La jornada del jueves 22 de mayo estuvo dedicada a los Retos Jurídicos de la e-Administración y algunas de las ponencias trataron temas relativos a la regulación local de la Administración electrónica, así como al papel que pueden desempeñar en este sentido las Diputaciones Provinciales y otras entidades supramunicipales.

Y al igual que los políticos intentan dar un giro en la forma de gestionar y ofrecer los servicios a la ciudadanía mediante la utilización de las TICs e incluso mediante la utilización del entorno web 2.0, también algunos de ellos se suman a la “fiebre de los blogs”. Por ejemplo, José Antonio Rodríguez Salas, Alcalde de Jun (Granada) tiene un blog en el que hace ”un recorrido por el día a día”  de un Alcalde. Hace unos días Iñaki publicó en Administraciones en red un post titulado Blogosfera pública: la danza del cambio en el que hace referencia a algunos alcaldes que también gestionan blogs personales: Imanol Landa, alcalde de Getxo, José Gumersindo García, alcalde de Candelaria y José L. Orozco, alcalde de Lugo.

En fin, parece que los Alcaldes se suman, aunque con pasos cortos, a la Administración 2.0 y, lo que es más importante, comprenden la importancia de aplicar la web 2.0 en la Administración local y las ventajas que dicho entorno ofrece para lograr que los servicios públicos tengan la calidad que el ciudadano demanda.

Mis estadísticas llevan dos días como el barril del petróleo. Los mismos que mi blog lleva en el diario digital Expansión.com, en la sección de Función pública. Como no estoy acostumbrada a tanta notoriedad, no he podido evitar el autobombo.

Cosas como esta animan a aficionadas como yo a seguir documentándome y aprendiendo. Gracias a esto perdura la conversación.

A través de un correo de Juan Carlos S. F.  he podido conocer un interesante estudio del Departamento de Economía de la Empresa de la UNED  con el propósito de identificar las dimensiones que determinan la disposición de los ciudadanos respecto a las iniciativas de Gobierno electrónico puestas en marcha en el ámbito municipal. El estudio se centra en los Ayuntamientos  por ser estos en muchos casos los primeros intermediarios de los ciudadanos en su contacto con la Administración Pública y porque se trata de las instancias administrativas con las que más recurrentemente interactúan los ciudadanos para resolver sus problemas cotidianos.

A partir de los resultados obtenidos mediante una encuesta en línea se realizarán propuestas de actuación estratégicas que orienten los esfuerzos de las administraciones locales en sus proyectos de Gobierno Electrónico.

Para la recogida de información se ha confeccionado un cuestionario estructurado en tres grandes bloques.

• En primer lugar, cuestiones relacionadas con características individuales de los usuarios (como los hábitos de uso de Internet y percepción de riesgo) y aspectos relacionados con el ciudadano y su percepción de la presencia en Internet de la Administración Pública.

 • Posteriormente se abordarán las variables asociadas a la confianza, que constituyen la principal innovación del modelo.

 • Por último, se incluirán los atributos sociodemográficos de los individuos.

Es importante conocer tu opinión. Puedes participar pulsando aquí.

 Voy a hablar en esta ocasión de igualdad; pero no de esa que ya tiene un Ministerio, sino de otra igualdad cuya vulneración no produce daños físicos ni mentales tan graves como los que genera la violencia de género pero que, no obstante, puede llegar a ser muy preocupante si no se detiene a tiempo puesto que la inobservancia de las normas legales que garantizan el tipo de igualdad a que me voy a referir, también atenta contra los principios básicos que sostienen una sociedad democrática como la nuestra. Porque, después de todo, lo peor que puede sucedernos a las personas es acostumbrarnos y aceptar como algo natural determinadas prácticas que fomentan y asientan la desigualdad. Me quiero referir al principio de igualdad en el acceso a los cargos y funciones públicas que consagra el artículo 23.2 de nuestra Constitución. 

Y dentro del ámbito de la función pública, me voy a ceñir a la igualdad de oportunidades de aquellas personas que ya han accedido a la Administración y que quieren promocionar dentro de ella. Los mecanismos que señala la ley para la provisión de puestos vienen recogidos, en término generales, en el reciente Estatuto Básico del Empleado Público; lógicamente habrá que esperar al desarrollo que de este Estatuto haga cada administración y, en todo caso, cada una de ellas deberá ceñir sus convocatorias a aquellos aspectos que previamente haya regulado y sin que la norma menor contradiga a la de mayor rango. Tanto los artículos 78 y 79 del EBEP como el Título III del R.D. 364/1995 están dedicados a la provisión de puestos, reconociendo que las formas normales son el concurso y la libre designación con convocatoria pública, dos instrumentos que garantizan que el acceso sea igualitario.  Hasta aquí bien. Pero ¿qué sucede cuando no se utiliza ni el concurso ni la libre designación?, ¿cómo provee puestos la Administración?. En este sentido y si acudimos a los textos legales vemos que existen otras formas de provisión, como son la comisión de servicios y la adscripción provisonal. No quiere esto decir que estos instrumentos de provisión no se puedan utilizar (de hecho, están permitidos por las leyes), lo que ocurre es que estas figuras se deben utilizar únicamente en determinadas condiciones excepcionales y hasta que la Administración provea de forma reglamentaria.  Además,  la prolongación en el tiempo para la comisión de servicios, por ejemplo, no debe ir más allá de uno o dos años como máximo, y en el caso de la adscripción provisional solamente para casos concretos recogidos en la normativa vigente (arts. 63 y 64 del RD 364/1995). Es decir, prolongar durante más de dos años una comisión de servicios parece, a priori, algo no natural y, en todo caso, discriminatorio para algunos funcionarios.

Entonces  ¿puede una Administración utilizar durante más de cuatro años la comisión de servicios y la adscripción provisional como formas normales de provisión de puestos?, ¿puede una Administración abusar de su potestad autoorganizativa y proveer puestos como mejor le convenga, utilizando como excusa el logro de la eficacia administrativa?. En otro post de este blog ya se habló acerca de una Administración que en la que el 95 % de los puestos vacantes están ocupados mediante estos sistemas; además, tanto la comisión como la adscripción se utilizan para “colocar” a determinadas personas en aquellos puestos cuyos complementos retributivos son mayores, con lo cual el resto de funcionarios no tiene la opción de demostrar el mérito y la capacidad a que, según las leyes tienen derecho. A partir de aquí es cuando podemos hablar de desigualdad: la que separa a unos funcionarios de otros, la que provoca luchas internas por ocupar un puesto donde se va a cobrar más y, en defintiva, la que todos consentimos y vemos como algo normal porque desde nuestra comodidad cotidiana nos consuela pensar que, a final de mes, tenemos garantizado el sueldo. No nos revuelve las tripas ver cómo otros “más espabilados” que nosotros se comen todo el pastel y no precisamente por ser los mejor preparados o los que tienen más experiencia.

Pongamos un ejemplo: el funcionario W es “nombrado” en comisión de servicios para ocupar el puesto de “Jefe de la Unidad de Aplicaciones Ambientales”; el nombramiento se realiza mediante Resolución del órgano administrativo competente, así directamente, sin que se haya convocado el correspondiente concurso de méritos para que puedan tomar parte todos aquellos que cumplan los requisitos legales para hacerlo. Transcurridos 5 años el funcionario W sigue ocupando ese puesto en una comisión de servicios que ya excede del tiempo permitido. Por el motivo que sea, la Administración decide sacarlo a concurso, y lo primero que se nos viene a la cabeza es que W ha acumulado a lo largo de esos 5 años una serie de puntos que utilizará como méritos adquiridos por desarrollar sus funciones en el mismo puesto que se convoca. Y esto tiene su lógica: si una persona ha prestando servicio durante 5 años en el mismo puesto que se convoca ¿quién va a tener más puntos que él en el apartado de servicios prestados?. Pero ahora vamos a plantear otra cuestión: ¿y el resto de funcionarios que en su momento pudieron optar, cinco años atrás, para ocupar ese puesto y no tuvieron la oportunidad porque el órgano administrativo consideró a W como la persona idónea para ocupar el puesto? ¿se podrían sentir aquéllos discriminados por no haber tenido las mismas oportunidades que W?

¿Qué podemos hacer? La justicia es cara y lenta y, aunque estemos en posesión de la verdad y de la razón, nunca tenemos la seguridad de ganar un pleito. No obstante, a veces, esa justicia sale a flote de entre tanta chapuza administrativa. En este sentido resulta especialmente alentadora la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Santander, recaída en el procedimiento abreviado número 459/06, por la que se estima el recurso interpuesto por el sindicato “SIEP Cantabria” contra la Orden PRE/1/2006, de 3 de enero, y contra la Orden PRE /2/2006, de 11 de enero, por la que se convocaba concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo de los grupos A y A/B.

De esta sentencia me gustaría resaltar lo siguiente:

1.- En el Fundamento jurídico segundo se señala que ” … el derecho de igualdad en el acceso a los cargos y funciones públicas, es una especificación del principio de igualdad ante la ley del art. 14 CE, por lo que en caso de acceso a las funciones públicas, …, es dicho art. 23.2 el que debe ser considerado de modo directo para apreciar si el acto impugnado ha desconocido el principio de igualdad … No corresponde a los Tribunales interferirse en ese margen de discrecionalidad que la ley concede a la Administración … pero sí procede, en aras de propiciar una tutela judicial efectiva, comprobar si no se ha sobrepasado ese límite de libertad creando una diferencia de trato irracional o arbitraria de los concursantes”.

2.- El Fundamento jurídico tercero dice que “En virtud de la prueba practicada en el juicio se aprecia la generalizada utilización de la comisión de servicios y de la adscripción provisional como sistemas habituales para hacer frente a las necesidades de personal de la administración demandada. Por otra parte las Ordenes impugnadas utilizan para cubrir los puestos convocados el sistema de concurso de méritos específicos casi en su totalidad. Pues bien, tal combinación de instrumentos, comisión de servicios, adscripción provisional, concurso de méritos específicos puede dar lugar, si no se estrema la cautela y el rigor, a dar una valoración desproporcionada …. a la experiencia acumulada en tales situaciones de forma que dicha experiencia sea “conditio sine qua non” para lograr la plaza ofertada o resulte impedimento insalvable para no lograrlo, según se mire desde la perspectiva de que la ocupa temporalmente o desde la del que no la ocupa transitoriamente. Este simple mecanismo o forma de actuar por parte de la administración puede dar lugar a que bajo la apariencia de un concurso de méritos nominalmente hablando nos encontremos con un sistema de libre designación de hecho …. Estos méritos han de ser ponderados en su justa medida de forma que no resulten impeditivos o excluyentes para quienes no desempeñaron provisionalmente dichos puestos o que resulten absolutamente determinantes a favor de quienes sí lo hicieron“.

 3.- Por último, del Fundamento jurídico cuarto me gustaría señalar lo siguiente: “Procede ahora abordar la pretensión del recurrente de que debieron ser incluidos en la convocatoria todos aquellos puestos vacantes y todos aquellos ocupados en comisión de servicios por más tiempo del legalmente permitido vulnerando el ordenamiento jurídico … De acuerdo con lo expuesto queda claro que la Administración no puede mantener de forma perpetua o indefinida dicha situación (comisión de servicios) sino que está obligada a convocar dichos puestos transcurrido el plazo máximo legalmente establecido”.

 Esta Sentencia no tiene desperdicio. Resulta esperanzador comprobar que la justicia, aunque tarde, acaba llegando.  Algo  de lo que también se hace eco la prensa digital.

Parece que la primavera es una buena época para la celebración de jornadas, congresos y eventos en general. Los temas que a muchos de nosotros nos hacen bloguear (e-administración, democracia participativa, nuevas tecnologías y su aplicación en la Administración pública,  …) también son motivo para que se organicen jornadas por distintos puntos de la geografía española.

Y precisamente gracias a la blogosfera pública la información relativa al tema en cuestión se difunde a gran velocidad. A través de Guillermo Sanz, un profesional que trabaja en el sector privado como técnico en I+D+I y preocupado también por la implantación y el desarrollo de las TIC en la Administración Local, he llegado al sitio web donde se recoge el programa de la I Jornada de e-Administración de Guadalajara, que tendrán lugar el próximo 9 de mayo en El Casar.

He de decir (porque si no lo digo, reviento) que Guillermo contactó conmigo para exponer el video “Ayuntamientos en la red” en estas Jornadas. Es para mí un motivo de orgullo y satisfacción que este trabajo personal sea comentado en un evento como este. Y precisamente para eso existe la blogosfera: para compartir el conocimiento y la información. Espero que pronto se organice algo por aquí, por Almería, donde al igual que en Candelaria también tenemos un tiempo estupendo y unas playas de película.

Durante los días 9, 10 y 11 de mayo próximo se celebrará las Primeras Jornadas sobre blogs, e-goverment y participación digital iCities en la localidad tinerfeña de Candelaria. Solamente leyendo el título se hace la boca agua. Una buena ocasión para hablar de todo aquello que mueve la blogosfera pública: participación digital, e-democracia, nuevas tecnologías, blogs, web 2.0, … Los que formamos parte de la blogosfera conocemos, algunos más y otros menos, qué significado tienen estos conceptos pero ¿y los politicos? ¿saben ellos qué significa e-goverment o e-democracia?.

Porque por mucho que se hable en la blogosfera de nuevas tecnologías o de web 2.0, si no existe predisposición por parte de la clase política o de las autoridades administrativas para poner en marcha proyectos de participación digital, me parece a mí que de poco sirve la teoría.

Por tanto, jornadas como las que se van a celebrar en Candelaria deberían ser de obligada asistencia para los políticos. Deben perder el miedo al cambio y deben conocer de la mano de los propios funcionarios públicos y de los profesionales que trabajan para la Administración que no es tan difícil acabar con el papeleo inútil y la burocracia que todavía traen de cabeza al ciudadano que es, en última instancia, quien sufre las consecuencias. Las personas que tienen la potestad de promover el cambio en la gestión administrativa con el objetivo de agilizar el trámite administrativo y de reducir los plazos de resolución de los expedientes, deben conocer las ventajas de la administración electrónica y las ventajas que ofrece el entorno web 2.0 y sobre todo deben asimilar que el ciudadano ya no se conforma con adoptar una postura pasiva: este ciudadano quiere participar, quiere hacerse oír y después recibir una respuesta, en un proceso de feed-back.

Volviendo a las Jornadas iCities, debe resultar especialmente gratificante estar presente en el “mano a mano” que tendrá lugar el día 10 sobre el “Manual de uso del blog en la empresa“. Un duelo entre Alorza y Genís Roca en el que, seguramente, ninguno saldrá derrotado. Si leer el libro resulta instructivo, asistir al debate debe ser muy estimulante. Este manual es sencillo, claro, directo y de lectura bastante amena; el capítulo que más me gustó cuando lo leí es el titulado “Blogs para comunicación interna y gestión del conocimiento”. En una organización considero básica la comunicación interna, tanto entre los empleados como entre los directivos y, además, entre los primeros y los segundos. En este sentido discrepo un poco de Alorza (si me lo permite) cuando dice que “no es éste el mejor terreno de juego para un blog. Cuesta generar credibilidad e interés cuando la conversación soporta un desequilibrio de poder tan grandes”; precisamente por la existencia de ese desequilibrio sería buena la utilización de los blogs en la empresa, ya sea pública o privada, porque mediante su uso podrían disminuir esas diferencias y demostrar que las ideas y las iniciativas se encuentran en todos los niveles: allá donde haya una persona hay una buena idea o una buena propuesta, además de ser un instrumento adecuado para la democratización interna de una entidad.

En fin, si me hubiera inscrito en las Jornadas, posiblemente también habría apuntado a algunos alcaldes y concejales, para que aprendan.