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He hablado en este blog de función pública, de funcionarios, de discriminación, de políticos que discriminan, de modernización y de muchas cosas más. Pero nunca he hablado de sindicatos. Esta idea lleva rondándome varios días y hoy, mientras me ponía al día en la blogosfera (últimamente tengo este y otros blogs un poco abandonados), he encontrado un post en el blog de Sevach del que quiero resaltar un párrafo que viene que ni pintado para lo que hoy quiero expresar:  “… aunque los sindicatos frecuentemente se mueven por el interés de los afiliados, y efectúan impugnaciones selectivas según su estrategia, lo cierto es que si no fuese por ellos, se consumarían infinidad de tropelías en la función pública. No olvidemos que no hay acción pública en este campo, y sin el ojo vigilante de los sindicatos, podría el cacique de turno adjudicar plazas o prebendas a diestro y siniestro…” .

Los sindicatos de clase existen desde hace más de un siglo y su gestación coincidió con el movimiento obrero español de la segunda mitad del siglo XIX. Desde entonces se han ido constituyendo en organizaciones fuertes, sólidas y con una gran capacidad de prestación de algunos servicios, tanto a los afiliados como a los que no lo son (cursos de formación, orientación laboral, defensa jurídica, prevención de riesgos, asistencia a inmigrantes …), de tal forma que cuando pensamos en un sindicato vemos a una gran maraña de departamentos que nos hacen compararlo con la Administración.

Estas grandes organizaciones cuentan con miles de personas (sindicalistas) que trabajan en ellas y las mantienen vivas. A los primeros sindicalistas les tocó vivir una época dura, un tiempo en el que algunos llegaron a estar presos e, incluso, a perder su vida por la defensa de unos ideales. Estos luchadores eran, y son, admirados por su tesón y su valor. Por el contrario, los sindicalistas de ahora son criticados, mal juzgados y ridiculizados. Y me pregunto, no ya si estas críticas son justas o injustas sino si  resultan ser el reflejo auténtico de la realidad.

 Estamos hartos de oir que los liberados sindicales hacen uso de sus horas para sus asuntos privados, hartos de oir que viven mejor que quieren, que no están sujetos a horarios, que van y vienen a su antojo y un largo etcétera de actividades más propias de un rico empresario que de un pobre funcionario que hace uso de su crédito sindical de horas y que, siguiendo también un proceso democrático, fue elegido en las oportunas elecciones sindicales.

No me gusta generalizar y, como en todo, en los sindicatos hay personas trabajadoras y luchadoras y otras que lo son menos pero, como institución reconocida por una país democrático, un Sindicato no es sino la plasmación (culminación) del derecho a la libertad sindical.

Una de las actividades más delicadas de cualquier representante sindical es la negociación, que una veces se podrá comparar al hecho de caminar sin zapatos por un sendero de púas y otras será más parecida a un camino de rosas, todo ello dependiendo del talante negociador del patrón. De todas formas, gracias a ellos no caen por tierra todos los logros conseguidos durante décadas y que nos permiten contar con unas garantías laborales básicas que, de otra forma, quién sabe lo que sería de ellas.

Tal vez los sindicalistas no sean ángeles pero tampoco son demonios. Conozco a muchos de ellos que cumplen, a veces en demasía, con una labor no exenta de cierto riesgo. En grandes empresas el delegado sindical es un número entre otros muchos (por ejemplo en la Administración del Estado) pero en las pequeñas (Ayuntamientos, empresas privadas) el desarrollo de su trabajo viene acompañado, en algunos casos, del riesgo a ser objeto de persecuciones y venganzas por parte del empresario si éste considera que aquél levantó demasiado la voz o no se dejó manipular a su antojo. 

Imagen: www.javierllinares.es/?p=229

A lo que más temen (o tememos) los empleados públicos es, como no, a sufrir recortes en nuestros conceptos retributivos o a que nos congelen el sueldo. A estas alturas está bastante manida la idea que tienen algunos acerca de la buena suerte de los funcionarios que, en estos tiempos de vacas flacas, contamos con un sueldo fijo. Y esto, aunque me cueste reconocerlo, es verdad. Todos los días doy gracias por ser tan afortunada (y lo digo en serio); además, cuando pienso en la posibilidad de que a alguna mente privilegiada se le ocurra la maléfica idea de anunciar un recorte o una congelación en el sueldo de los funcionarios (para ahorrar en gastos), me echo a temblar.

Sin embargo, ciñéndonos a nuestra propia realidad cotidiana, podemos observar y comprobar con pavor que no es este el único monstruo que no deja dormir a los funcionarios. En la senda de profunda oscuridad por la que a veces camina nuestra querida Administración son numerosos los fantasmas que acechan a los desvalidos empleados públicos.

Temores que, aunque parezca increíble, no están directamente relacionados con el tema económico, sino con otros aspectos más sutiles cuya incidencia puede llegar a producir verdadero pánico a la hora de desempeñar el puesto. Estos son, a mi juicio, algunos de los miedos más fundados con los que conviven (o convivimos) diariamente algunos funcionarios:

• Temor a ser discriminados por razón de sus tendencias ideológicas (políticas o sindicales).
• Temor a ser apartados a un rincón para favorecer a otros empleados más afines al poder de turno.
• Temor a no promocionar en igualdad de condiciones.
• Temor a posibles represalias por protestar contra presuntos agravios comparativos.
• Temor a que se les asigne funciones de inferior categoría.
• Temor a ser trasladados de unidad sin su consentimiento.
• Temor a la privatización y externalización de los servicios.
• Temor a que los tribunales de selección, en los procesos de promoción interna, sean nombrados con el único objetivo de asegurar que los aprobados serán aquellos que ya fueron señalados para promocionar.
• Temor a que las bases de las convocatorias, también para la promoción interna, se hagan a medida de “los elegidos“.
• Temor a no poder demostrar ante los Tribunales de Justicia todo lo anterior.

De este decálogo, el que más miedo produce es el último. La posibilidad de no poder demostrar ante un juez posibles irregularidades producidas en el seno de la Administración pública en materia de personal supone la mayor de las desdichas para cualquier funcionario.

El Diccionario de la RAE dice que perder el norte es lo mismo que desorientarse. Nos desorientamos cuando no sabemos dónde estamos ni qué posición ocupamos. Creo que, en múltiples ocasiones, perdemos el norte desde el momento en que formamos parte de alguna organización, institución o similar y olvidamos por qué y para qué estamos ahí.

Navegando por la blogosfera me he topado con tres artículos bastante interesantes y que merece la pena leer. A mí, su lectura me ha producido cierto pánico y no he podido evitar imaginarme una sociedad selvática regida por la ley del más fuerte, o la del más rico, y en la que el egoísmo atroz de algunas personas acabe por engullirnos a todos.

El artículo escrito por Antonio Arias acerca de la cesión ilegal de trabajadores a la Administración me ha dejado profundamente sorprendida, no sólo por la claridad en la exposición del tema sino porque al problema que plantea no se le presta la atención que merece (menos mal que el Tribunal de Cuentas ha dado la voz de alarma). Cuando las ofertas de empleo público son cada vez más reducidas bajo el lema de la crisis económica (algo que suena más a excusa que a otra cosa), asistimos atónitos a unas maniobras de engorde artificial de las plantillas de personal de las administraciones públicas mediante la contratación de empresas de servicios cuyo personal es absorbido, a la postre, por la Administración. Los contratos de consultoría y asistencia, los de servicios y la creación de empresas públicas parecen ir en aumento sin que esto suponga una especial preocupación para los guardianes de las arcas públicas.

El segundo de los artículos titulado “Corrupción en los Ayuntamientos“, del blog de José Manuel Baeza, nos plantea la cuestión de si los ciudadanos hemos llegado a aceptar con total naturalidad que los casos de corrupción formen parte de la actividad político-administrativa; señala el autor de este post algunas causas que le han hecho llegar a esta conclusión y apuesta por una “profundización en la democracia”.

Y, por último, el tercer artículo que ha puesto la guinda al pastel ha sido el de Félix Serrano en el que nos habla de “La Filosofía del decrecimiento“, una reflexión bastante acertada acerca de la necesidad que tenemos de aumentarlo todo.

Tal vez esta filosofía del decrecimiento resulte ser una de las apuestas más apropiadas para remediar determinadas situaciones actuales y su aplicación al problema del aumento artificial del personal en los Ayuntamientos pudiera resultar beneficiosa. En cuanto a los casos de corrupción, cualquiera sabe de qué manera se puede acabar con esta depravación. Pero está claro que uno y otro son dos aspectos del ámbito administrativo que deben decrecer, menguar, para que esta gran epidemia deje de propagarse. 

Parece que está de moda aumentarlo todo, incluso a costa de la vulneración de los derechos de los demás, tendiendo a adulterar las cosas que mediante su evolución normal permiten reducir desigualdades y aumentar el bienestar de la mayoría. Posiblemente nuestra obsesión por el enriquecimiento personal  y por la obtención de beneficios propios nos impida aceptar que se puede vivir mejor sin engañar ni defraudar a los demás. Vivimos en una sociedad materialista, consumista, basada en el dinero y en el lucro particular. Y lo peor de todo es que se nos está imponiendo erróneamente como la forma ideal de vivir. Los casos de corrupción, por ejemplo, ya casi no nos asustan, asistimos impasibles a una serie de corruptelas que se han convertido en el pan nuestro de cada día  y que, en lugar de decrecer, aumentan (por cierto, y al hilo de esto, alabo la decisión adoptada por la Universidad Rey Juan Carlos de excluir a Julián Muñoz de sus cursos). Para colmo, los funcionarios públicos están dejando de ser seleccionados respetando los principios constitucionales de capacidad, mérito e igualdad. Decididamente, estamos perdiendo el norte.

En un post de este blog ya comenté que los entes locales se ven, en principio, menos obligados a implantar la Administración electrónica debido a la autonomía de gestión que les recoce la ley y esta autonomía supone, en algunos momentos, decidir en qué se va a invertir el dinero. En estos momentos de crisis financiera algunos Ayuntamientos y Diputaciones dejan en un segundo plano la inversión para el desarrollo de los procesos de adaptación a la ley 11/2007 en beneficio de otras inversiones que, en principio, van a satisfacer el interés público de forma más inmediata. Sin embargo, en algunas Diptuaciones andaluzas ya se está preparando el terreno para adaptarse a la nueva ley de acceso electrónico. Y aunque el camino se prevé largo y, lógicamente, este año los presupuestos se han recortado, el hecho de que los responsables de la Administración se reúnan para estudiar cómo se pueden adaptar los procesos administrativos a los nuevos tiempos ya es bastante.

La  Diputación de Córdoba, junto con EPRINSA (Empresa Provincial de Informática S.A.), ha editado la Guía de adaptación de la Administración Local de la Provincia de Córdoba a la Ley 11/2007, con la intención de ayudar a los Ayuntamientos a hacer efectivos los derechos reconocidos en la ley y aprovechar la coyuntura para cambiar el modelo de gestión organizativo para que los distintos entes locales de la provincia de Córdoba desarrollen sus servicios electrónicos a través del entorno web.

Desde luego, esta guía no tiene desperdicio y puede servir de referente a otras Diputaciones. Por su parte la Diputación de Almería  ha creado una Comisión técnica de procesos y administración electrónica con el objetivo de implantar progresivamente la administración electrónica. Aunque muy lentamente, la Administración local está tomando conciencia de la necesidad de adaptarse a la sociedad actual y de la importancia de adecuar sus procesos a las nuevas tecnologías. Todo un reto.

Se supone que estamos irremediablemente inmersos en una Sociedad en la que las tecnologías de la información y la comunicación tienen un papel especialmente importante para la creación, distribución y manipulación de la información y para que ésta esté presente en todas las actividades sociales, culturales y económicas.

En este sentido, internet ha cambiado totalmente la forma en que  cualquier persona puede obtener información de una manera ágil, rápida e inmediata. Igualmente, las posibilidades de acceso a la información por vía digital han ido también evolucionando durante las últimas décadas; de hecho, ahora podemos acceder a la red sin necesidad de estar en un sitio fijo gracias al WiFi, que utiliza ondas en lugar de cables.

Esta posibilidad de acceso a internet desde cualquier sitio sin necesidad de cables  ha llevado a varios Ayuntamientos a plantearse la posibilidad de ofrecer internet gratuito en su municipio pero con unos resultados que, algunas veces, han desembocado en la incoación de expedientes sancionadores.. De hecho, la CMT ha incoado expediente sancionador al Ayuntamiento de Málaga por “presunto incumplimiento de los requisitos exigibles para la explotación de redes y para la prestación de servicios de comunicaciones eléctricas”, al igual que en su momento lo hizo, en el año 2004, con los Ayuntamientos de Atarfe (Granada) y Ponteareas (Pontevedra). Sin embargo, al parecer, la CMT no actúa de oficio sino por denuncia de un tercero, normalmente por quejas de otras operadoras que consideran una competencia desleal por parte de la Administración, en este caso los Ayuntamientos, el hecho de prestar un servicio que no es de su competencia.

Sin embargo, hace poco el Ayuntamiento de Avilés ha conseguido lo que, hasta ahora, parecía imposible:  poder consultar desde cualquier punto de la ciudad el correo o poder navegar por la red. El secreto está en cumplir dos requisitos:

- Registrarse en la CMT como operador (el Ayuntamiento de Avilés así lo ha hecho)

- No financiar el servicio con dinero público (el propio Ayuntamiento se ha convertido en proveedor financiando el servicio con publicidad).

Sin embargo, sigue existiendo un doble rasero a la hora de hablar del derecho de los ciudadanos de relacionarse electrónicamente con la Administración, de la reducción de la brecha digital y de otras cuestiones que, en principio, van a permitir una modernización de la sociedad basada en el uso de las TIC. Por un lado las Administraciones estatal y autonómica  vienen realizando importantes esfuerzos económicos para subvencionar e incentivar  a personas y empresas con la intención de consolidar y ampliar la extensión de las nuevas tecnologías pero, por otro lado, el acceso a internet (entendido como pieza básica para la alfabetización digital) todavía no es un servicio que deba prestar la Administración.

Creo que ha llegado el momento de que las Administraciones actúen con coherencia reconociendo que el acceso a la red debe ser un servicio público y reconociendo también que la asunción de esta competencia debe ser la primera apuesta por reducir o terminar con la llamada brecha digital. Serían, en este caso, los Ayuntamientos los más indicados para prestar este servicio, valorando incluso la posibilidad de recibir ayudas de otros organismos públicos.

La lectura del post de  Óscar Cortés en el que nos propone que entre todos busquemos el liderazgo ideal en la Administración pública me ha hecho visualizar la figura opuesta a un líder y me ha llevado a reflexionar acerca de cuáles serían las principales características de esta figura. Seguramente que, durante la lectura de este post, identificaremos a más de una persona.

En las Administraciónes públicas existen buenos gestores y buenos directivos que cumplen a la perfección con su papel, utilizando para ello los medios humanos y materiales necesarios. Sin embargo, encontrar entre ellos a un auténtico líder es otra historia. Si no me equivoco, un líder debe contar con las aptitudes (y actitudes) necesarias  que permitan cohesionar los distintos esfuerzos de la comunidad de empleados de forma que se pueda identificar la valía de cada persona y explotarla en favor de  la comunidad. No debe resultar tarea fácil llegar a convertirse en un líder  si tenemos en cuenta, además, la situación por la que atraviesan algunos funcionarios (aunque esto también depende de la Administración en la que se encuentren).

Quiero decir con esto que algunas de estas comunidades de empleados  públicos están viviendo una etapa en la que la apatía, el escepticismo y la indiferencia han hecho mella debido, principalmente, al panorama que se extiende ante sus ojos: la existencia de personas (¿líderes?) que, aún habiéndoles sido encomendadas las labores de reorientar las tareas para obtener el resultado esperado y de las que se espera un comportamiento constructivo, solidario y juicioso propio de un líder, se caracterizan por ser egoístas, soberbios, prepotentes, autoritarios, egocéntricos, rodeados de personas mediocres  y más preocupados por intereses particulares que por encontrar soluciones a los problemas generales de la Organización. Podría decirse que estas personas reúnen todos los atributos que caracterizan a la antítesis del líder: el antilíder.

Un antilider es lo peor que podemos encontrar en el seno de una Administración. En lugar de unir, desune; en lugar de escuchar, ignora las propuestas de los demás; en lugar de motivar a los empleados, descalifica su trabajo; en lugar de  ser objetivo e imparcial, propicia situaciones de desigualdad; en lugar de preocuparle el interés general, sólo le preocupa su propio bienestar (primero yo, luego yo y siempre yo). En definitiva,  en lugar de construir, destruye.

En el ámbito de cualquier Organización pública (también privada, por qué no), estas serían, tal vez, las diez cualidades que nos permitirían identificar a un antilíder o, al menos, diferenciarlo del que no lo es:

1.- Es incapaz de motivar al grupo.

2.- No cuenta con las habilidades sociales necesarias para conectar con los demás.

3.- No quiere rodearse de gente valiosa.

4.- No sabe escuchar a los demás.

5.- Sólo busca su propio beneficio (y el de algunos allegados)

6.- No asume su responsabilidad.

7.- No le preocupa el porvenir de la Organización: sólo busca su propia e inmediata satisfacción personal.

8.- Es deshonesto.

9.- No respeta a los miembros del grupo.

10.- No deja huella en aquellas personas con las que trabaja.

No consigo hacerme una idea de cómo sería una Administración donde las decisiones se adoptaran de forma colectiva, compartiendo e intercambiando opiniones y en la que la existencia de un líder fuese una realidad. Pero mientras que la avaricia, el interés particular y el individualismo sean los motores que nos mueven dificilmente la función de liderazgo podrá hacerse un hueco en las Administraciones públicas.

He llegado, por casualidad, a esta noticia aparecida hace algunos días en Público que me ha resultado bastante curiosa. Las leyes nos permiten denunciar a cualquier persona, física o jurídica, que lesione nuestros derechos. Pero denunciar a Dios, como ha hecho un Senador norteamericano,  es harina de otro costal. Lógicamente el Juez ha desestimado el recurso, entre otras razones porque ”no se pudo tener acceso al defendido aquí nombrado“. Olvidó el Senador demandante que Dios no vive aquí.

Al leer esta noticia no he podido evitar acordarme de la Administración y realizar una pequeña comparación.  Una comparación entre cierta Administración y Dios (sin ánimo de ofender a nadie). Una pobre funcionaria de Administración local como yo pasa media vida intentando entender por qué a veces las cosas se hacen mal, cuando es mucho más fácil hacerlas bien.

En la actualidad existe un abanico legislativo bastante amplio que  permite a los funcionarios denunciar o pleitear contra aquellas actuaciones administrativas que puedan perjudicarles. Podemos afirmar que nada o casi nada escapa al ojo del legislador. Todo está regulado y, tal vez por ese exceso de regulación, la Administración a veces encuentra el hueco por donde escapar y por donde salir victoriosa cuando una persona decide enfrentarse a ella. Tal vez esto le permita ocupar una sitio privilegiado con respecto al funcionario (no nos olvidemos de su sacrosanta potestad de autoorganización que, por lo que respecta a los entes locales, viene reconocida por el art. 4.1 de la Ley 7/1985 de Régimen Local, y en la que  perfectamente podría encontrarse la potestad de organizar al personal).

He hablado en este blog acerca de la figura del silencio administrativo y de cómo en determinadas ocasiones alguna Administración se escuda en ella para no resolver determinados asuntos espinosos en materia de personal (aunque leo  y oigo que el instituto del silencio surgió para proteger los derechos del administrado, mi experiencia me ha dejado claro que  puede dejarnos en una auténtica situación de indefensión). He hablado también de cómo algunas administraciones proveen puestos utilizando la comisión de servicios como la forma normal de provisión, olvidándose del concurso que es la figura que permite que esa provisión sea igualitaria y equitativa. De esto último se hizo eco un periódico local y que también motivó otro post para este blog.

He conocido bastantes casos en los que un funcionario decide enfrentarse al engranaje administrativo para econtrar una explicación razonable de por qué las cosas se hacen al contrario de como deben hacerse y he visto también cómo, tras un esfuerzo colosal, sale perdiendo. Si una Administración no contesta a una solicitud y tampoco resuelve expresamente el recurso administrativo, la única opción es recurrir a los tribunales de justicia en los que, dicho sea de paso, tampoco está garantizada la victoria debido precisamente a los recovecos legislativos por los que muy sabiamente  la Administración deja escurrir su responsabilidad. En el caso de un supuesto abuso de las comisiones de servicios como forma normal de provisión ¿qué persona física (¡pobre funcionario!) se atreve a encarar un asunto de semejante magnitud? Y si así lo hiciera tampoco tendría la completa seguridad de salir airoso de tan peliaguda cuestión.

Por eso decía al principio de este post que no he podido evitar comparar a la Administración con Dios,  a raiz de algunas experiencias personales, y atribuir a la primera las cualidades propias del segundo:

• La Administración es omnipotente. Todo lo puede. Su poder resulta interminable e inextinguible.
• La Administración es omnisciente. Todo lo sabe. Nada escapa a su sabiduría.
• La Administración es omnipresente. Todo lo comprende, todo lo abarca. La encontramos en todas partes.

No obstante, el diccionario de la RAE dice que estos atributos son exclusivos de Dios. Lo escrito aquí es una simple reflexión personal.

Imagen de: ocompras.com

Dos de los obstáculos que impiden que Administración y ciudadano mantengan una relación fluida e inmediata son el espacio y el tiempo. El uso de las nuevas tecnologías en la Administración permite que el ciudadano no tenga necesariamente que desplazarse a las sedes administrativas para realizar gestiones y le permite también un ahorro de tiempo en realizarlas.

La ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos plantea la relación electrónica entre administración y administrado como un derecho para éste y una obligación para aquélla. De hecho la frase más llamativa de la exposicion de motivos de la ley es la que dice que “… esta Ley pretende dar el paso del «podrán» por el «deberán”. Supongo que, además de ofrecer una regulación legal para ĺa utilización de las TICs, la ley pretende “obligar” a la Administración a tomar las iniciativas adecuadas para adaptarse a una sociedad moderna basada en la información y el conocimiento y para adaptarse también al compromiso europeo que arranca del Consejo Europeo de Lisboa y de la iniciativa europea “i2010: Una Sociedad de la Información Europea para el crecimiento y el empleo“.

Sin embargo, aunque no hay duda de que el espíritu que inspira a la ley es el de reconocer un derecho (en este caso el de acceso electrónico a los servicios públicos) deja una puerta abierta a la discrecionalidad de que gozan los órganos administrativos. Así, la Disposición Final Tercera condiciona el ejercicio de los derechos del artículo 6 a la disponibilidad presupuestaria de algunas Administraciones.

Aquí nos encontramos con el principal escollo, sobre todo en la Administración Local. Es sobradamente conocido que muchos Ayuntamientos se encuentran en una situación financiera bastante difícil, en la que los presupuestos municipales intentan reducir al máximo los gastos. Además, parece que el actual modelo de financiación local no ayuda a que los entes locales puedan sanear sus arcas.

Si la crisis económica actual está afectando gravemente a algunos Ayuntamientos (incluso con la puesta en marcha de los temibles EREs), difícilmente las Corporaciones locales podrán adoptar medidas para hacer efectivo el derecho de acceso electrónico de los ciudadanos. Lo lógico es pensar que la prioridad de un ente local es garantizar la prestación de los servicios públicos que tiene encomendados y, dicho sea de paso, garantizar el pago de la nómina a sus empleados. La inversión en nuevas tecnologías puede (o debe) esperar. A la Diputación de Ciudad Real la adaptación a la ley le va a costar alrededor de 1,3 millones de euros y, aunque la mitad de este gasto esté subvencionado por la Administración del Estado, el resto tiene que salir de los bolsillos locales. Todo un desafío.

Resulta, por tanto, desesperanzador el panorama que tenemos ante nosotros. Los derechos recogidos en el art. 6 de la Ley 11/07 parecen estar sustentados por unos pilares de arena, al no poder algunas Administraciones hacer frente al desembolso económico que supone la creación de las infraestructuras necesarias que permita a las personas relacionarse con la Administración por medios electrónicos.

Y es que ya lo dijo Quevedo hace bastantes años y lo cantó para nuestro deleite Paco Ibáñez: “Poderoso caballero es Don dinero”.

Por fin en Almería se va a celebrar un evento relacionado con la e-administración. No quiere decir esto que aquí se desconozca qué  es, para qué sirve y qué sectores son los más adecuados para implicarse en proyectos relacionados con la administración electrónica. Digo “por fin” porque los organizadores de Jornadas, Cursos o Seminarios dedicados a este tema pocas veces han puesto sus ojos en esta ciudad.

La Jornada de Empresa y e-Administración tendrá lugar el próximo 3 de octubre de 9 a 14 horas y está organizada por la Oficina para la Calidad de los Servicios de la Delegación de Administración y Justicia de la Junta de Andalucía. Es una jornada cortita, de solo una mañana, pero con un programa bastante intenso; cuenta, además, con la intervención de personas que ocupan puestos relevantes en la administración andaluza. Ya he comentado en otro post la calidad que han alcanzado los servicios públicos en Andalucía sin necesidad de privatizarlos o externalizarlos. Y esta calidad está muy ligada a la puesta en marcha de distintos proyectos de implatación de administración electrónica que supongan una nueva relación con la ciudadanía y en los que colaboran distintas administraciones.

Esta Jornada, aunque ha incluido en su programa una ponencia dedicada a las medidas adoptadas por la Administración para impulsar la e-administración y así dar cumplimiento a lo establecido en la ley 11/2007, de acceso electrónico, está especialmente destinada a estudiar las posibles relaciones empresa-administración surgidas en el marco de la administración electrónica y cómo esas empresas pueden mejorar su actividad empresarial y promocionar sus productos mediante la utilización de medios telemáticos en colaboración directa con la Administración.

Hace unos días apareció en prensa una  noticia que dice que un partido político apuesta por la privatización de determinados servicios públicos (sanidad, educación y asistencia a mayores) en lo que vendría a ser una  “tercera ola de modernización”. Se justifica la medida, entre otras cosas, en conseguir una mayor colaboración con las entidades privadas y una “libertad de elección de los ciudadanos”. Respecto a esto último dudo mucho que la ciudadanía en su totalidad tenga la libertad y la posibilidad de elegir qué empresa va a gestionar, por ejemplo, el servicio de transporte urbano o el servicio de limpieza viaria. Hasta ahora ningun órgano administrativo ha realizado consultas populares para decidir a qué empresa se adjudica la gestión de un servicio público. Más bien restringe la posibilidad de control al recaer esa gestión en manos privadas.

La razón por la que se privatiza un servicio es la de incrementar la eficacia y eficencia en la prestación del mismo. El beneficiario es el ciudadano y, a fin de cuentas, si una Administración decide recurrir a la gestión privada es para ofrecer a aquél una mejor calidad en dicha prestación. La finalidad es buena, pero parece dudoso el beneficio directo del ciudadano cuando utiliza un servicio privatizado si se compara, tal vez, con el beneficio de la empresa, que normalmente suele ser mayor y sólo busca el lucro de los accionistas.

Otro problema añadido puede ser el escaso control que, en algunos casos, realiza la Administración sobre las concesiones administrativas; aunque ella sigue siendo la titular del servicio puede resultarle cómodo dejar vía libre a la empresa y cumplir los trámites mínimos obligatorios (control del pago por ejemplo) que aseguran la continuidad del servicio. Otra cuestión a tener en cuenta es que algunas de las concesiones se realizan por un número de años bastante elevado y si no existe un imcumplimiento muy grave del contrato por parte del adjudicatario del servicio, resulta difícil rescindirlo. Aunque alguien diga que favoreciendo “la entrada de capital privado en la gestión pública”, recortaremos el gasto, creo que más bien se recorta el gasto porque se favorece la salida de capital público a la gestión privada.

Desde otra perspectiva, la privatización puede suponer una acción encubierta de precariedad laboral y una forma sibilina de aumentar la plantilla de personal. En caso de rescate del servicio el personal que fue contratado por la empresa puede pasar a la Administración sin ningún tipo de proceso selectivo. La Administración debe prestar los servicios que tiene encomendados por ley y debe hacerlo con las mayores garantías pero éstas no vienen, precisamente, de la empresa privada. No se trata de ceder a una entidad privada la gestión de un servicio que no funciona: se trata de saber por qué no funciona y de buscar la solución al problema e, irremediablemente, ésta pasa por hacer una valoración exhaustiva del personal que trabaja en ese servicio, reducir los tiempos de espera en la resolución de los problemas y eliminar los procesos administrativos inútiles y repetitivos. Y llegado el caso, aún tratándose de un método bastante arriesgado y radical, poner en práctica algunas técnicas de reingeniería.

Modernización no significa privatización. Lo que ocurre es que el término  modernizar se está utilizando como una especie de cajón de sastre donde cualquier cosa tiene cabida, según convenga, tal y como refleja muy bien Iñaki en su post titulado De qué trata la modernización administrativa.

Pienso que un buen ejemplo, como dice Óscar Cortés, lo encontramos en el Plan Andaluz de Justicia 2007-2010 . Sin olvidar que la sanidad andaluza está consiguiendo situarse a la cabeza en cuento a calidad en la prestación del servicio y disminución de las listas de espera, sin necesidad de encomendar la gestión a entidades privadas.

No se trata de privatizar, sino de adaptar a las peculiaridades de la Administración técnicas válidas que ya se ponen en práctica en algunas empresas privadas. Recomiendo la lectura de este post, en el que Montaña nos cuenta cómo.